Por Juan Manuel Negri (*)
El fallo de la Corte Suprema de Justicia bonaerense sobre el régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia representa la consumación del fracaso de la política en la Legislatura bonaerense. Es apenas un botón de muestra, de una constante, con contadísimas exepciones, en la era de Axel Kicillof.
Después de un año de idas y vueltas, acuerdos fallidos y enmiendas, el proyecto del Poder Ejecutivo perdió estado parlamentario y el Máximo Tribunal suspendió algunos artículos de la Ley Bapro promovida por la exgobernadora María Eugenia Vidal, aunque no resolvió la “cuestión de fondo”.
Este cronista en octubre de 2022, dedicó una editorial a analizar la dificultad de Kicillof para decodificar ese complejo artefacto que es la Legislatura bonaerense. En efecto, el Gobernador nunca pudo, pero sobre todo, nunca quiso, hacerlo. Ese es uno de los motivos del naufragio de la nueva Ley Bapro, pero no el único.
Sin tropa propia en los recintos, tras el sacudón de las elecciones 2021, Kicillof debió entregar la cabeza de Carlos Bianco, su único enlace con el parlamento. Aunque, a decir verdad, el jefe de Asesores nunca había logrado hacer pie en el Palacio Legislativo, donde no “macheó”, ni por asomo, con los opositores.
Así, Kicillof se vio forzado a entregar las negociaciones a los intendentes peronistas del Cornurbano, animales políticos con probada gimnasia en el arte de sellar acuerdos en la Legislatura bonaerense. La historia es conocida. Para aprobar la Ley Bapro en la Cámara baja, el oficialismo, con tres dictámenes sobre la mesa, apenas debía torcer unas pocas voluntades. No lo logró.
Sin embargo, el fracaso de la política para darle una resolución a la cuestionada Ley Bapro no sólo se le puede achacar a Kicillof. Un sector de la oposición también fue accionista mayoritaria en esa empresa. En poco tiempo, va a cumplirse un año desde que le jefatura porteña del PRO dinamitó el entendimiento al que había llegado Juntos, a contrapelo de la voluntad acuerdista que mostraban una parte de los amarillos y de los radicales.
En efecto, el ala dura del PRO bloqueó cualquier tipo de resolución y se llevó completamente puesto al sector dialoguista. Sin embargo, es sabido, que en la Legislatura bonaerense, (casi) siempre existe la posibilidad de trazar alguna diagonal que permita “salir por arriba” del laberinto, por más rocoso que parezca el escenario.
En ese contexto, hasta el momento, el resto de la oposición, evidenció su debilidad para torcer la voluntad rupturista de la jefatura porteña de los amarillos, mientras que el Frente de Todos demostró no tener la suficiente cintura para abrir una grieta que permita transitar ese camino.
Pero el fracaso de la política en la Legislatura bonaerense, no sólo se expresó en la fallida Ley Bapro, sino que también quedó expuesto en otros tantos otros proyectos que quedaron cajoneados, en las cientos de vacantes en la raquítica Justicia que siguen sin cubrirse y en el puñado de designaciones clave que siguen demoradas (Corte, Ministerio Público, Contador General y Consejo de la Magistratura), por citar algunos ejemplos.
En lo que va de los tres años de Kicillof, hubo algunas exepciones que rompieron esa dinámina, pero no estuvieron vinculadas a las necesidades de los bonaerenses. Por caso, la ruidosa reforma a la ley que limita las reelecciones indefinidas, la votación del vitalicio kicillofista Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas, apalancada por un paquetazo de cargos en el directorio del Bapro y en la Defensoría del Pueblo bonaerense, y la aprobación de los presupuestos, leyes impositivas y endeudamientos.
Esos fueron los contadísimos casos en los que el sistema político en su conjunto logró acuerdos de peso en la Legislatura bonaerense. La Ley Bapro definitivamente no entró en ese lote. En rigor, cada vez son menos los entendimientos y el diálogo se vuelve más sinuoso.
La ausencia de políticas públicas, de planificación y de una agenda de desarrollo que ataque los grandes dramas estructurales que persisten en el territorio más poblado de la Argentina es un síntoma de una enfermedad que, desde hace años, viene ganando terreno en la Legislatura bonaerense.
El gran problema es que, los que “pagan el pato”, los verdaderos perjudicados, son los más de 17 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, que cada vez encuentran menos respuesta de parte de un sistema político, que, definitivamente, se aleja cada vez más de la realidad de los bonaerenses.
(*) El autor es director del diario digital Diputados Bonaerenses.
