El ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich denunciará a los 33 detenidos durante la represión del Congreso mientras sucedía el tratamiento legislativo de la Ley Bases, con el fin de que paguen los $130 millones que demandó el operativo contra los manifestantes que protestaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo el pasado miércoles.
En rigor, la cartera de Bullrich envió la documentación pertinente al fiscal Carlos Stornelli en la que aseguran que el operativo de seguridad costó unos $130.706.892 debido al despliegue de las tres fuerzas federales. “Deberá dejarse constancia de que aún falta computar los costos del tratamiento de los heridos, lo que se hará al final de las curaciones”, agregaron.
En ese sentido, Stornelli pidió la indagatoria de los detenidos en la represión en el Congreso por delitos tales como lesiones, daños simples y agravados, incendio, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, entre otros.
Por esta razón, en la denuncia Bullrich computó los daños a los vehículos equipamientos que significaron unos $13 millones aproximadamente, como así también el operativo policial que se realizó el martes por la noche en el acampe que realizaron los manifestantes en la previa al inicio de la sesión en la que el Senado aprobó la Ley Bases.
De esta manera, si Stornelli da lugar al pedido realizado por el Ministerio de Seguridad de Bullrich, los 33 detenidos deberían abonar unos $3.960.000 cada uno, eso sin tener en cuenta las posibles exigencias que sumará el fiscal si es que avanza en las prisiones preventivas de los imputados.
“Demandamos los costos del operativo, los cuales están en proceso de determinación, ya que incluirán no solo las erogaciones necesarias para el despliegue sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado”, indicaron desde la cartera.
En un principio, el Ministerio de Seguridad tenía intenciones de presentarse como querellante en la causa para acusar a los detenidos en la represión en el Congreso por los delitos de sedición y de realización de actos terroristas. No obstante, como Stornelli avanzó en ese sentido y también como inmiscuirse en la causa significaba apartar a las fuerzas federales de la pesquisa, desde la cartera de Bullrich desistieron.
“Este Ministerio denunciará los daños sufridos en su equipamiento, sin perjuicio de las lesiones a los efectivos de las fuerzas, que ya son motivo de investigación por el fiscal Carlos Stornelli”, cerró el organismo conducido por Bullrich.
