jueves, mayo 26, 2022

Ley de Alquileres: diputados reciben a inquilinos, propietarios e inmobiliarias

Este martes y miércoles la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados realizará otras dos jornadas informativas. La intención es sancionar una nueva ley de alquileres durante la primera semana de mayo.

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La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados nacional se reunirá otra vez este martes para avanzar en una reforma de la ley de alquileres, que tiene como principales ejes la discusión de los plazos de los contratos y el sistema de actualización, con el de sancionar una nueva norma en la primera quincena de mayo.

La comisión que conduce la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, realizó la semana pasada la primera de las tres jornadas informativas previstas en el cronograma de discusiones para sancionar una nueva ley de alquileres, en la que expusieron unos 40 invitados, en su mayoría corredores inmobiliarios.

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Este martes y miércoles los expositores serán inquilinos, asociaciones de inquilinos, entidades de defensa del consumidor, propietarios e inmobiliarias. También fue invitado al Congreso nacional el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para cerrar la ronda de consultas.

Durante la última semana de abril los legisladores se abocarán a analizar las diferentes propuestas para reformar la ley de alquileres votada en 2020, que generó diversas complicaciones para las partes y no cumplió con el espíritu con el que fue sancionada.

Nueva ley de alquileres. Una de las reuniones informativas que realizó Diputados la semana pasada.
Nueva ley de alquileres. Una de las reuniones informativas que realizó Diputados la semana pasada.

El vicepresidente segundo de la cámara, el sanjuanino José Luis Gioja, dijo que “lo primero que hay que decir, es que, es muy sano el debate público, incorporando a todos los actores que intervienen en el mercado y mucho más sano aun que esa discusión se dé en el Parlamento, que es la Casa de las Leyes”.

“Nosotros tenemos muy en claro que hay derechos adquiridos de los inquilinos que hay que preservar; como los tres años de duración de los contratos y una única renovación anual. Por otro lado, nuestra propuesta de modificación de la Ley 27.551, incluye incentivos para propietarios, como son las exenciones impositivas de Bienes Personales por 15 períodos fiscales por la propiedad alquilada”, dijo el legislador cuyano.

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“Uno de los aspectos más importantes de nuestro proyecto, que en la actual ley de alquileres vigente no se contempló, es las facilidades para acceder a un seguro de caución que opera como garantía para inquilinos monotributistas. Hoy, un profesional independiente o una persona que tiene un oficio y que factura como monotributista, prácticamente tiene vedado el acceso a una vivienda de alquiler, nosotros equiparamos al monotributista con un empleado del sistema formal”, sostuvo Gioja.

El diputado agregó que “también y para evitar abusos, proponemos poner topes del 10% de aumento para renovaciones de contratos de alquiles y 20% para contratos de alquileres nuevos“.

Desde Juntos por el Cambio, la secretaria de la comisión de Legislación General, Karina Banfi, dijo que la Argentina “carece de una política habitacional y eso es una responsabilidad del Estado que no tiene una política de fomento de la construcción” y resaltó que “no es responsabilidad de los propietarios” que exista esa situación.

La legisladora radical además señaló sobre el debate de la nueva ley de alquileres que el “costo de indexación es un drama cuando se alquila en medio de un sistema de alta inflación como existe acá en la actualidad”.

Es necesario revisar no solo el plazo del contrato para que sea amigable tanto para el propietario como el inquilino y dar un mecanismo previsible a las dos partes que intervienen en el mercado, así como el sistema de indexación de los mismos”, destacó Banfi, que también se mostró partidaria no solo de recibir a asociaciones de inquilinos y corredores, sino también a otros actores del mercado.

Nueva ley de alquileres: escenario legislativo

El acuerdo alcanzado en los primeros días de abril entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio fija un cronograma para poder analizar la reforma de la ley de alquileres por espacio de 30 días hábiles -equivalente a 45 días corridos- que vencerá a mediados de mayo, cuando se buscará aprobar el dictamen mayoritario en el recinto de sesiones.

La necesidad de alcanzar un entendimiento para poder aprobar la nueva ley de alquileres se debe a la extrema paridad numérica que existe entre el Frente de Todos que tiene 118 bancas y el interbloque de Juntos por el Cambio, que controla unos 116 legisladores.

Los diferentes actores reconocen que la ley de alquileres vigente fracasó.
Los diferentes actores reconocen que la ley de alquileres vigente fracasó.

De todos modos, no será sencillo conciliar los intereses de los propietarios, martilleros e inquilinos de acuerdo a las posiciones expuestas en la primera reunión de comisión: los primeros piden que el plazo vuelva a ser de dos años y que la actualización sea semestral y los inquilinos rechazan ambos planteos.

A eso se suma que la nueva ley de alquileres se discute en un contexto económico delicado por la alta inflación que se registró en marzo de un 6,7 por ciento, con lo cual es difícil establecer un sistema de actualización que pueda satisfacer a las partes.

Ley de alquileres: el fracaso de la norma vigente

La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, bajo la administración de Alberto Fernández, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la ley de alquileres generó muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.

También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.

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