Con la intención de reforzar los mecanismos de cumplimiento de las obligaciones parentales, el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, ingresó un nuevo proyecto de ley que propone excluir a los deudores alimentarios de los beneficios fiscales sobre el Impuesto Inmobiliario, el Impuesto a la Propiedad Automotor y todo tributo provincial que contemple facilidades en la provincia de Buenos Aires.
La propuesta de Lissalde, se inscribe en una agenda más amplia orientada a endurecer las consecuencias para quienes incumplen con la cuota alimentaria correspondiente a los menores de edad, al tiempo que busca garantizar los derechos básicos de las niñas, niños y adolescentes mediante restricciones concretas en el acceso a ventajas económicas otorgadas por el Estado.
En ese sentido, Lissalde plantea que las personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) no puedan acceder a exenciones impositivas, beneficios fiscales, promociones o cualquier tipo de incentivo económico que dependa del Estado bonaerense, una medida que apunta directamente a generar un mecanismo de presión indirecto sobre quienes incumplen con sus obligaciones, dado que introduce un condicionamiento económico concreto que afecta su relación con el sistema tributario.
“La mora en el pago de la cuota alimentaria constituye una vulneración grave de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes se ven privados de recursos esenciales para su desarrollo, bienestar y subsistencia. Por eso, este proyecto tiene por finalidad fortalecer la efectividad del derecho alimentario mediante la implementación de herramientas administrativas desde el ámbito provincial, con el objeto de desalentar el incumplimiento y promover la corresponsabilidad parental”, argumentó Lissalde en el escrito.
En ese sentido, el legislador de Fuerza Patria señaló que el actual esquema de sanciones para deudores alimentarios “no resulta suficiente para garantizar el pago regular de la cuota”, por lo que propone avanzar sobre herramientas complementarias que, sin ser punitivas en términos penales, generarán consecuencias prácticas en la vida económica de los morosos, en línea con un enfoque que prioriza el interés superior del niño.
Cabe mencionar que, en la actualidad los deudores alimentarios cuentan con restricciones para obtener o renovar la licencia de conducir, ingresar a casinos o salas de juego en toda la provincia de Buenos Aires, solicitar o renovar créditos en el Banco Provincia, acceder a programas de financiamiento, obtener concesiones, permisos o licitaciones, inscribirse al registro de adopción, y ser proveedores de organismos oficiales, municipales o provinciales.
De esta manera, el proyecto de Lissalde se inscribe en una lógica de corresponsabilidad estatal, en la que el acceso a beneficios fiscales deja de ser un derecho consagrado de los bonaerenses para transformarse en un instrumento condicionado al cumplimiento de obligaciones básicas, lo que implica un cambio de criterio en la política pública, ya que vincula directamente la conducta individual con las facilidades otorgadas por la administración provincial.
Por caso, el legislador encomienda a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) la incorporación de un canal específico y confidencial de denuncia de deudores alimentarios, que a su vez deberá articularse con herramientas de cruce de datos que permitan advertir a todos los organismos del Estado bonaerense la existencia de la mora familiar, que posteriormente será utilizada para frenar los beneficios y exenciones impositivas.
“Ninguna política pública puede ser indiferente frente a la mora alimentaria. El Estado tiene la obligación de actuar cuando los derechos más básicos de niñas, niños y adolescentes se ven afectados”, concluyó Lissalde.
Las leyes que limitan los accesos a deudores alimentarios
Es preciso mencionar que, la propuesta de Lissalde se suma a otras iniciativas legislativas que buscan ampliar el alcance del RDAM como herramienta de control, al considerar que el incumplimiento alimentario no solo constituye una falta en el ámbito privado, sino que también debe tener consecuencias en la esfera pública, especialmente cuando se trata de acceder a beneficios financiados por el conjunto de la sociedad.
A partir de allí, el debate legislativo se vincula con una serie de medidas recientes impulsadas en la provincia de Buenos Aires, como la aprobación de la ley 15.589, que el año pasado estableció la prohibición de ingreso a casinos, bingos y salas de juego para los deudores alimentarios, una norma que refuerza el entramado de restricciones destinadas a garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.
En concreto, la legislación dispone que quienes adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas no podrán acceder a establecimientos de juego de azar, replicando el criterio que utiliza la Justicia bonaerense para definir la condición de morosidad, lo que busca generar coherencia entre las decisiones judiciales y las medidas administrativas, además de incorporar nuevos mecanismos de control que amplían el alcance de las sanciones indirectas.
Cabe destacar que, la ley fue impulsada por el senador provincial de Fuerza Patria, Germán Di Césare, que en los fundamentos del proyecto subrayó la importancia de garantizar condiciones de vida dignas para niñas, niños y adolescentes, apoyándose en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a asegurar el desarrollo integral de las infancias.
En esa línea, la normativa establece responsabilidades concretas para los operadores de juego, que deberán impedir el ingreso de los deudores, mientras que el Poder Ejecutivo provincial deberá garantizar los mecanismos de control, configurando así un sistema de corresponsabilidad entre el Estado y los actores privados, con el objetivo de fortalecer la eficacia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
En tanto, en la primera sesión ordinaria de 2025, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley el proyecto que llevó a la Legislatura el gobernador Axel Kicillof, que incorporó una serie de artículos al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria.
Entre otros aspectos, la normativa contempla que los deudores alimentarios no puedan ser candidatos a cargos públicos en la provincia y en los municipios, como así también en los cargos de magistrados, y modifica una batería de artículos para promover una respuesta judicial “ágil y rápida”.
Por caso, la reforma también introdujo cambios en el funcionamiento del registro de deudores alimentarios, al considerar la morosidad desde el primer incumplimiento y no a partir del tercero, como sucedía anteriormente, lo que implica un endurecimiento del criterio y una respuesta más rápida ante situaciones de incumplimiento, en un intento por dotar de mayor eficacia al sistema.
