El debate por la eliminación del límite de edad en el ingreso de los docentes bonaerenses se mantiene vivo en la Legislatura y cobró no impulso a partir de la presentación del diputado de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, que también pidió suprimir el inciso del Estatuto del Docente que fija en 50 años el máximo etario para acceder como titular a un cargo educativo público.
La iniciativa del legislador peronista, que viene de exhibir un fuerte malestar con la dinámica interna del oficialismo y con el funcionamiento de la Cámara baja provincial, propone modificar el artículo 57 de la Ley N°10.579, que regula los requisitos para el primer ingreso en la docencia bonaerense. En concreto, Lissalde busca eliminar el inciso e), que establece como condición “poseer una edad máxima de 50 años” para solicitar la titularidad en el sistema educativo provincial.
La nueva propuesta del Frente Renovador se incorpora a una discusión que comenzó a tomar volumen parlamentario esta semana a partir de los proyectos de la diputada de Unión y Libertad, Sabrina Sabat, y del legislador de La Libertad Avanza (LLA), Luis Ontiveros. Ambas iniciativas también apuntan a remover la barrera etaria que hoy impide el ingreso de docentes bonaerenses mayores de 50 años como titulares.
A través de los fundamentos, Lissalde citó un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que también fue tomado en cuenta por sus pares legislativos en sus respectivos expedientes.
Según consta en la presentación legislativa, una aspirante al ingreso docente bonaerense cuestionó la normativa vigente ya que el límite etario le impedía ejercer como docente titular por el solo hecho de tener 53 años, pese a contar con trayectoria e idoneidad profesional.

El pasado 27 de marzo el máximo tribunal provincial declaró la inconstitucionalidad del artículo en cuestión y consideró que la exigencia de una edad máxima vulnera los principios de igualdad y no discriminación.
En consideración a este precedente, el diputado massista sostuvo que la Legislatura bonaerense debe adecuar la normativa para evitar nuevas medidas cautelares de aspirantes afectados por la misma restricción. El planteo del alfil renovador también remarca que el inciso quedó “desactualizado” y que se transformó en una forma de discriminación por edad.
En esa línea, el representante de la Séptima sección también retomó uno de los tramos más contundentes del fallo judicial y volvió a defender la eliminación definitiva del límite etario. “Fácilmente se constata que la desigualdad proviene de la norma que, en forma arbitraria, fijó una línea que divide a quienes tienen más o menos de cincuenta años, sin ningún fundamento plausible que dé razón suficiente a aquella distinción”, señala la sentencia citada en la propuesta.
Por otro lado, el articulado de Lissalde también repasa la evolución histórica del requisito. De acuerdo al expediente, el Estatuto del Docente bonaerense sancionado en 1986 fijaba originalmente un límite de 45 años, mientras que una modificación aprobada en 2001 elevó ese tope a 50 años.

Respecto a este punto, el dirigente oriundo de Saladillo recuperó los fundamentos de la última reforma, que ya planteaban la necesidad de adecuar la norma a una realidad atravesada por la formación y la experiencia de los docentes. Además, el diputado consideró que esos argumentos mantienen vigencia, puesto que el sistema educativo puede enriquecerse con profesionales de diferentes trayectorias y con mayor conocimiento específico.
“Esta propuesta intenta adecuar la norma a la realidad actual, que está dada por la formación y experiencia de aquellos docentes que se encuentran en inmejorables condiciones para llevar adelante el proceso de enseñanza con idoneidad y profesionalidad, más allá del límite que impone la norma”, sostiene el fragmento citado en la iniciativa.
Cabe destacar que el impulso oficialista también vincula la discusión con la necesidad de cubrir vacancias dentro del sistema educativo bonaerense, un tema que encendió las alarmas de distintos sectores políticos. De hecho, el senador bonaerense del bloque HECHOS-UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, presentó un pedido de informes en las últimas horas para que el gobierno de Axel Kicillof brinde explicaciones sobre los casos de renuncia de personal docente y nodocente en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
“En la provincia se vienen registrando crecientes dificultades para cubrir cargos y garantizar continuidad pedagógica, especialmente en determinadas áreas curriculares, modalidades y regiones educativas. Asimismo, diversos actores del sistema educativo manifiestan preocupación respecto de las condiciones laborales, la fragmentación horaria y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, detalló Leguizamón.

En paralelo, el proyecto del peronismo convive con iniciativas similares de distintos bloques de la Cámara de Diputados bonaerense. En el caso de Sabat, la diputada de Unión y Libertad planteó una reforma más amplia para impedir que el acceso, la permanencia y el ejercicio de la función docente puedan restringirse por razones de edad.
La legisladora dialoguista había sostenido que los cambios en las condiciones de vida y de trabajo en los últimos años obligan a revisar las barreras vigentes dentro del estatuto.“Entendemos que a los 50 años una persona todavía está vital. Obviamente, depende de cada caso, pero en una situación normal, desde la lucidez y desde la parte motriz, está en condiciones de poder dar clases o cumplir la función que tenga dentro de la docencia”, expresó Sabat.
Por su parte, Ontiveros se sumó al debate con su iniciativa para derogar el mismo inciso del artículo 57 y adecuar la normativa educativa a la doctrina constitucional vigente. El libertario también puso el foco en la experiencia de los docentes mayores de 50 años y en las dificultades que atraviesan las escuelas bonaerenses para cubrir cargos en un contexto de creciente complejidad institucional.
“Considero que los docentes de experiencia son los que hoy pueden llevar adelante estos casos de escuelas problemáticas, donde se viven casos de violencia. Faltan docentes con experiencia frente a una escuela compleja”, advirtió el referente opositor.

Ahora, la propuesta de Lissalde suma una nueva mirada al debate y abre la posibilidad de que la Legislatura avance en una discusión transversal. Sin embargo, el proyecto del Frente Renovador, al igual que las otras presentaciones en carpeta, no modifica los controles de aptitud psicofísica, los títulos habilitantes ni los demás requisitos previstos para el ingreso a la carrera docente, sino que apunta de manera directa contra la barrera etaria.





