El gobierno de Javier Milei este jueves amplió las denuncias penales por actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, identificó a 27 empresarios y directivos vinculados con los proyectos petroleros e incorporó nuevas sociedades y ejecutivos de Rockhopper Exploration, Borders & Southern, Desire Petroleum, Navitas Petroleum y Eco Atlantic.
El canciller Pablo Quirno, como autoridad de aplicación de la Ley N°26.659, impulsó los escritos con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Sebastián Amerio. La norma, sancionada durante el kirchnerismo en 2011, regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y establece sanciones para las actividades ilegales en la zona de las Islas Malvinas.
Una de las presentaciones amplía la causa ya iniciada, a cargo del juez federal Julián Ercolini, para incorporar nuevos hechos, compañías y personas vinculadas principalmente con el proyecto de explotación Sea Lion. La medida forma parte de la ofensiva judicial que el Ejecutivo nacional profundizó contra las firmas relacionadas con la explotación hidrocarburífera en el archipiélago.
Esta nueva etapa de la administración libertaria comenzó hace algunas semanas con procedimientos administrativos contra 45 personas y empresas, que luego se extendieron a otros 15 sujetos hasta alcanzar un total de 60 personas físicas y jurídicas. Los escritos penales identifican ahora a 27 personas y, al cruzar ambas nóminas, 16 nombres no figuraban entre los sujetos alcanzados por las actuaciones administrativas conocidas hasta el momento.
Entre los directivos individualizados aparecen integrantes de las estructuras ejecutivas de Navitas Petroleum, como su chairman Gideon Tadmor, el CEO Amit Kornhauser y otros responsables de las áreas financiera, jurídica, operativa y comercial. La presentación también alcanza a ejecutivos de Eco Atlantic, entre ellos Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin, además de incorporar a Emily Ferguson.
El Gobierno sostiene que la investigación debe avanzar sobre la “cadena concreta de decisiones” que permitió estructurar los emprendimientos y determinar quién intervino en su financiamiento, asesoramiento jurídico, contratación, dirección y ejecución. De hecho, una de las presentaciones pone el foco sobre las “decisiones adoptadas, instrucciones impartidas, documentación suscripta y comunicaciones mantenidas” por los responsables de las compañías alrededor de las actividades hidrocarburíferas.
Cabe destacar que las nuevas denuncias se apoyan principalmente en los artículos 7, 8 y 9 de la ley vigente, que permiten investigar la responsabilidad de directores, gerentes, administradores y representantes. No obstante, los documentos judiciales aclaran que la inclusión de los nombres no implica una imputación automática, mientras que la Justicia deberá determinar la intervención concreta de cada ejecutivo y evaluar medidas de cooperación internacional para obtener información societaria, bancaria, financiera y operativa.
Malvinas abre un nuevo frente contra las petroleras británicas
La ampliación de las denuncias también ensancha el alcance de la cruzada política del Gobierno nacional, que ya no queda concentrada exclusivamente en el proyecto Sea Lion. Las nuevas acciones judiciales avanzan sobre Borders & Southern, vinculada con la licencia PL018 y el descubrimiento Darwin East-1, e incorporan a siete personas relacionadas con la estructura empresaria y operativa de la compañía.
En ese marco, la presentación contra Rockhopper Exploration incorpora a dos sociedades vinculadas con distintas licencias petroleras y sostiene que el avance reciente de la actividad offshore en las aguas circundantes a Malvinas modificó el escenario que la Argentina había investigado hace más de una década. “Aquella situación no solo no habría cesado, sino que habría avanzado hacia una etapa de desarrollo y explotación comercial del proyecto ‘Sea Lion’”, señala el documento presentado por la administración libertaria.
Finalmente, la gestión nacional también reactivó las acciones contra Desire Petroleum, compañía que la Secretaría de Energía había declarado ilegal en 2012 y que luego recibió una inhabilitación por 20 años para desarrollar actividades en la Argentina. La documentación incorporada a la causa señala que la firma todavía registraba en marzo de 2026 participaciones en distintas licencias petroleras, por lo que el Ejecutivo libertario solicitó identificar a quienes intervinieron en la planificación, financiación, dirección o ejecución de esas actividades.
