Las denuncias por un presunto accionar irregular de La Nueva Metropol, de los hermanos Eduardo y Javier Zbikoski, en el sistema de subsidios al transporte urbano escalaron en las últimas horas y derivaron en una decisión política de alto impacto: la salida del secretario nacional de Transporte, Luis Pierrini. El caso apunta a una supuesta manipulación de los registros de viajes del sistema SUBE que habría generado un perjuicio multimillonario para el Estado.
La acusación fue impulsada por las principales cámaras empresarias del sector, que señalaron a la empresa La Nueva Metropol como beneficiaria de una maniobra destinada a incrementar de forma artificial las compensaciones tarifarias. En esta nota entérate cómo habría sido la maniobra de La Nueva Metropol, siempre de acuerdo a la denuncia realizada por las cámaras empresariales.
Subsidios al transporte: el cambio de reglas
El eje de la controversia se vincula con la Resolución 45/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada en noviembre pasado, que modificó el criterio para calcular las compensaciones tarifarias. Hasta entonces, el esquema se apoyaba principalmente en variables de oferta, como kilómetros recorridos o consumo de combustible.
Con la nueva normativa, el foco pasó a estar en la demanda real del servicio: la cantidad de pasajeros transportados, medida a partir de los datos del sistema SUBE y del índice de pasajeros por kilómetro (IPK). El objetivo declarado fue ajustar los subsidios al uso efectivo del transporte y desalentar distorsiones históricas en el sistema.
La maniobra para inflar los subsidios al transporte
Según las cámaras empresarias, el grupo La Nueva Metropol habría aprovechado este cambio normativo para implementar una práctica irregular: registrar viajes cortos como si fueran tramos intermedios o largos, entregando boletos de mayor valor tarifario sin que existiera un aumento real en la distancia recorrida ni en la cantidad de pasajeros.
Este mecanismo tiene un impacto directo en la liquidación de las compensaciones. Mientras que en un viaje corto el Estado cubre una porción limitada del costo del boleto, en los tramos más largos la participación del subsidio es sensiblemente mayor. De este modo, la alteración de la sección tarifaria registrada implicaría un incremento automático de los fondos públicos percibidos por la empresa.
La Nueva Metropol: cómo se habrían reflejado los datos de la SUBE
El presunto esquema fue detectado a partir del análisis comparativo de los registros del sistema SUBE antes y después de la entrada en vigencia de la resolución. Los datos mostrarían un patrón repetido: caídas pronunciadas en las secciones tarifarias más cortas y aumentos casi equivalentes en las secciones siguientes.
En la línea 195, operada por La Nueva Metropol, las validaciones en las secciones más cortas cayeron cerca del 19%, mientras que la sección inmediata posterior aumentó en una proporción prácticamente idéntica. Un comportamiento similar se observó en otras líneas del grupo, como la 448, 176 y 365.
Las cámaras empresariales del transporte también señalaron movimientos comparables en las líneas 136, 163 y 182, explotadas por la empresa Sargento Cabral, también vinculada al mismo grupo empresario.
El impacto económico de la presunta maniobra
De acuerdo con la presentación, esta migración artificial de secciones tarifarias habría generado un perjuicio estimado en alrededor de $1.000 millones mensuales, con un desvío total que podría ubicarse entre los $2.000 y $3.000 millones por mes, en detrimento del resto de los operadores del sistema y de las arcas públicas.
Las entidades advirtieron que los fondos involucrados provienen de la misma bolsa de compensaciones que se distribuye entre todas las empresas del sector, por lo que cualquier alteración impacta directamente en el equilibrio general del sistema de transporte financiado por el Estado.
La renuncia de Pierrini y el giro en Transporte
La crisis se profundizó cuando el ministro de Economía resolvió echar al secretario de Transporte, Luis Pierrini, tras conocerse una denuncia por corrupción vinculada al uso de los fondos del sistema SUBE. Según las estimaciones que circulan en el expediente, el perjuicio total al Estado podría alcanzar los $30.000 millones, producto de la alteración de datos técnicos del sistema de pago electrónico.
Aunque el funcionario de origen mendocino argumentó “motivos personales” para justificar su salida, en el Gobierno admiten que fue una decisión forzada. La denuncia sostiene que, durante su gestión, la maniobra atribuida a La Nueva Metropol habría provocado un desvío cercano a los $3.000 millones mensuales, sin que se activaran controles efectivos desde la Secretaría de Transporte.
Pierrini había llegado al gobierno de Javier Milei de la mano de Juan Pazo, ex titular de ARCA, con quien compartía vínculos en el sector asegurador. Antes de asumir el cargo, era presidente de Triunfo Seguros, una empresa de fuerte presencia en la región de Cuyo. Tras su salida, el Ejecutivo designó como reemplazante al arquitecto Fernando Herrmann, proveniente de la actividad privada y sin experiencia previa en transporte.
La defensa de La Nueva Metropol
Desde La Nueva Metropol desmintieron la existencia de una maniobra deliberada y atribuyeron las denuncias a una interna empresarial impulsada por el Grupo DOTA, que controla cerca del 50% del parque de colectivos del AMBA. Aseguran que los cambios en los registros responden a la corrección de la llamada “evasión gris”, una práctica por la cual los pasajeros pagan tramos cortos aunque realicen recorridos más largos.
En paralelo, la Asociación Arco Social presentó una denuncia penal contra Caputo y el ex secretario de Transporte por presuntas irregularidades en el sistema de subsidios. Desde la organización señalaron que existieron advertencias técnicas formales realizadas en diciembre de 2025 por cámaras empresarias, sin que se adoptaran medidas correctivas ni auditorías.
Un sistema bajo la lupa
Las cámaras anticiparon que llevarán el caso a la Justicia penal para que sea investigado de manera independiente, luego de que las gestiones administrativas no mostraran avances concretos.
El episodio volvió a poner en el centro del debate al sistema de compensaciones tarifarias, históricamente cuestionado por la falta de controles exhaustivos. En ese escenario, la denuncia y la salida del secretario de Transporte reabren una discusión de fondo que atraviesa al sector desde hace años: si el Estado no pudo controlar el sistema o si, directamente, nunca quiso hacerlo.
