Las organizaciones sociales, sindicales y piqueteras volverán a las calles este miércoles para reclamar por el aumento del salario mínimo y un bono de fin de año, en una nueva protesta en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación. La UTEP, las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial encabezarán la jornada en un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo.
La concentración comenzará desde las 11 de la mañana bajo la consigna “Nuestro trabajo vale”, que sintetiza el pedido de equiparar el salario mínimo con la Canasta Básica Total. En esa línea, la UTEP planteó que el piso de ingresos de los trabajadores debería alcanzar los más de $1.200.000 que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) estimó para una familia tipo y advirtió que la brecha actual resulta insostenible.
En tanto, la movilización coincidirá con la reunión oficial para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil, convocada por la Resolución 6/2025 y publicada en el Boletín Oficial. En este marco, la administración de Javier Milei evalúa un nuevo valor para la remuneración mínima y los montos de la prestación por desempleo.
Los movimientos insistieron en que el salario mínimo no se mueve de los $322.200 desde agosto y quedó por detrás de la inflación acumulada. La comparación con diciembre de 2023, cuando el libertario llegó a la presidencia con un básico de $156.000, deja ver una suba del 107% frente a una inflación mayor al 170%, lo que produjo una pérdida real del 25% del poder adquisitivo.
Por su parte, las dos CTA también cuestionaron el valor del salario mínimo y reclamaron una canasta “objetiva” que permita actualizar ingresos de manera periódica. Las centrales enviaron un pedido formal al titular de Trabajo, Julio Cordero, a través de una carta firmada por los conductores sindicales, Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, en la que insistieron en la obligación legal de convocar con regularidad al Consejo del Salario.
El exsecretario de la UTEP y referente del Frente Patriótico por la Justicia Social, Esteban “Gringo” Castro, también acompañó la protesta y amplió el planteo hacia los trabajadores excluidos del mercado formal. “Está muy bien el planteo de la CTA, pero no deben olvidar a los excluidos de la economía popular que pelean por el aumento del salario social complementario”, cuestionó el dirigente.
Además, las organizaciones exigieron la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares, junto con el rechazo al artículo del Presupuesto 2026 que propone modificar la movilidad de los planes sociales. Al respecto, los movimientos denunciaron que la actual conducción nacional congeló los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo), por lo que reclamaron su reactivación y actualización.
Finalmente, la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, advirtió por “un deterioro extremo del tejido social” y sostuvo que la crisis económica avanza “a paso agigantados, al igual que el narcotráfico”, por lo que anticipó nuevas medidas de fuerza. “Nuestra agenda de lucha de cara a fin de año será un diciembre con mucho conflicto en todo el país”, concluyó la representante de los trabajadores.
Las CTA piden la presencialidad por el debate del salario mínimo
Las dos CTA reclamaron que el Consejo del Salario retome el debate presencial del salario mínimo y deje atrás la virtualidad impuesta desde la pandemia de COVID-19. Las centrales advirtieron que la modalidad remota limita la transparencia del proceso, por lo que exigieron al Ministerio de Capital Humano, al titular de Trabajo, Julio Cordero, y la presidenta del Consejo, Claudia Testa, la participación plena de los trabajadores en la discusión.
Los referentes Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy señalaron en un comunicado que el gobierno de Javier Milei convocó todas las reuniones por videoconferencia y las amparó en un decreto dictado durante la pandemia de COVID-19. Al respecto, los dirigentes sindicales remarcaron que esos encuentros terminaron sin acuerdo y, según su lectura, obstaculizan el funcionamiento legal del organismo.
Además, las centrales también insistieron en que el Consejo del Salario debe reactivar las comisiones internas de Empleo, Productividad y Formación Profesional, que aún no tuvieron actividad durante la actual gestión libertaria, y plantearon que la ausencia de estas instancias deja incompleto el proceso previsto por la normativa.
Frente a este escenario, las conducciones de las dos facciones de la CTA remarcaron que la convocatoria constituye una herramienta clave para enfrentar la caída del poder adquisitivo y recordaron que debieron acudir a la Justicia para obtener la convocatoria a la reunión del 26 de noviembre, por lo que renovaron su pedido de un funcionamiento institucional pleno del Consejo del Salario.
