A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el gobierno de Javier Milei sostuvo que la marcha federal del pasado martes no modificará los planes y la Ley de Financiamiento seguirá sin ser aplicada. Según el relato de Casa Rosada, cualquier ampliación de partidas debe ajustarse a la normativa presupuestaria y contar con una fuente de financiamiento específica.
En concreto, fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien afirmó que la masividad de la protesta no altera las condiciones económicas actuales. “Podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, expresó el funcionario al referirse al reclamo universitario.
En esa línea, el Subsecretario sostuvo que la legislación vigente establece que aquellas iniciativas que no determinen su fuente de financiamiento quedan suspendidas en su aplicación, y reforzó la premisa del Gobierno de Milei sobre que la oposición debe establecer el origen de los recursos de la norma que sanea la situación de las Universidades. “La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, indicó.
Respecto de la movilización, Álvarez consideró que se trató de una convocatoria con fuerte componente partidario, al señalar que la marcha universitaria “fue organizada por los partidos opositores”, y aseguró que las decisiones sobre políticas públicas corresponden a las autoridades elegidas democráticamente.
Durante la entrevista, el funcionario nacional también planteó la necesidad de revisar el esquema actual de asignación de recursos en las universidades nacionales al precisar que existen carreras con baja matrícula, y remarcó que el objetivo central del sistema universitario debe estar puesto en la formación de graduados y en la optimización del uso de los fondos públicos.
Además, el integrante del Gobierno de Milei aseguró que la distribución presupuestaria actual carece de criterios objetivos consolidados y anticipó que el Ejecutivo busca avanzar hacia mecanismos de asignación basados en indicadores, con el propósito de orientar recursos hacia áreas consideradas estratégicas y con mayor demanda.
En otro orden de menciones, Álvarez sostuvo que el sistema de admisión universitaria, es irrestricto, lo cual implica una fuerte exigencia de financiamiento estatal y consideró necesario abrir una discusión sobre modelos alternativos de acceso, incluyendo sistemas de cupos o evaluaciones de ingreso como los que funcionan en otros países.
Finalmente, el funcionario se refirió al arancelamiento para estudiantes extranjeros y remarcó que actualmente existe la posibilidad legal de aplicar cobros, aunque esa herramienta no está siendo utilizada por las universidades. En ese contexto, Álvarez defendió la implementación de mecanismos selectivos de ingreso y sostuvo que el debate sobre financiamiento universitario deberá incluir una revisión integral del funcionamiento del sistema.
