La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Mayra Mendoza, alertó por los inconvenientes de las personas con discapacidad para efectuar la vinculación del certificado que acredita su condición con la tarjeta SUBE para acceder a los viajes en transporte público subsidiados.
En ese sentido, la legisladora camporista presentó un proyecto de preocupación por la forma en que el Gobierno nacional implementó la vinculación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) e hizo foco en los “trastornos en la vida cotidiana” de miles ciudadanos.
“Lejos de agilizar, lo que hemos visto desde su anuncio son, por el contrario, largas filas y, en general, una maquinaria burocrática engorrosa para acceder al beneficio. Lo que, en su exasperación, podría desembocar en la inaccesibilidad al derecho que pretende consagrarse”, expresó Mendoza.
Según manifestó la diputada bonaerense, la intención de fondo del gobierno de Javier Milei fue implementar un ajuste en las prestaciones de las personas con discapacidad. “Procuran que las trabas burocráticas de implementación deriven en una baja de las mismas por inaccesibilidad direccionada”, detalló.
Hasta mediados de junio, aquellas personas con discapacidad viajaban con el 100% del transporte subsidiado presentando el CUD. No obstante, el Ministerio de Salud nacional a cargo de Mario Lugones, implementó una nueva modalidad donde los beneficiarios deberán vincular progresivamente su certificado a una tarjeta SUBE registrada a su nombre.
Aunque el trámite de vinculación se realiza de forma online, la plataforma registró intermitencias y caídas en los últimos días, lo que llevó a numerosas filas de usuarios y sus familias en diferentes sedes de la ANSES, que desbordó la capacidad de atención habitual en algunas sedes.
En ese marco, Mendoza consideró que estas trabas, sumado a la judicialización de artículos claves de la ley de emergencia en discapacidad, buscan ahorrar recursos a costa de “un sector con necesidades de especialísima sensibilidad”, mientras en paralelo el Gobierno impulsa beneficios a segmentos de altos ingresos, como en los Impuestos a los Bienes Personales.
“La buena doctrina en estos asuntos recomienda pasarse de largo que quedarse corto. O sea, es preferible gastar un poco de más en un beneficio bien otorgado en su esencia que dejar sin derechos a personas que lo necesitan, Como legisladores y legisladoras, estamos obligadas a constituirnos en la voz de quienes más necesitan”, concluyó la diputada oficialista.
