Avances en la casa judicial por la supuesta mesa judicial en el Gobierno de María Eugenia Vidal. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, pidió a la actual administración bonaerense diversa documentación que involucra a la exgobernadora y exfuncionarios de su gestión.
En particular, el juez Kreplak solicitó al Gobierno de Axel Kicillof y a varios ministerios bonaerenses correos electrónicos y agendas de 2017 de la exgobernadora Vidal y exfuncionarios, en el marco del expediente que investiga la mesa judicial que buscaba armar causas contra sindicalistas.
Los voceros judiciales señalaron que el pedido de documentación de importancia para la causa de la mesa judicial de Vidal, fue cursado a la Gobernación provincial y a los ministerios bonaerenses de Justicia, de Trabajo y de Infraestructura.
La información que pretende el juez Kreplak está referida a los movimientos de Vidal, de los exministros de Trabajo, Marcelo Villegas, y de Infraestructura, Roberto Gigante, y del exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi.
Vale recordar que, estos funcionarios a cargo de esos dichos ministerios durante la gestión de Vidal, fueron participes del video hallado por la interventora de la AFI, el puntapié que da cuenta de la posible existencia de una mesa judicial durante 2016-2019 para armar causas contra gremialistas opositores en la provincia.
Mesa judicial: los avances en la Bicameral de Inteligencia
Por su parte, la subcomisión de Inteligencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso recibe hoy a una exfuncionaria del Banco Provincia, donde se realizó la reunión en la que se habló de las causas contra sindicalistas y el exministro Villegas mencionó que le hubiera gustado tener una “Gestapo” para accionar sobre los gremialistas.
Quien se enfrente hoy a la Bicameral de Inteligencia se trata de Emilia Jaime, secretaria del entonces presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet.
En tanto, el exgerente de Relaciones Institucionales de esa entidad Hernán Stella pidió postergar su declaración en laa Bicameral de Inteligencia hasta febrero porque se encuentra fuera del país.
Los legisladores buscan conocer el paso a paso de la gestión del encuentro del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, del que participaron funcionarios de Vidal, agentes de la AFI y empresarios de la construcción, que quedó registrado en un video.
Fuentes parlamentarias explicaron que Emilia Jaime es citada porque fue quien envió el e-mail pidiendo la reserva del salón del Banco Provincia por tres días, en la fecha en la que fue registrado el video.
En tanto, la convocatoria a Stella, responsable entonces de las relaciones institucionales del Banco Provincia, apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quienes participaron de la reunión de la mesa judicial bonaerense.
La semana pasada, la Bicameral de Inteligencia realizó una visita ocular a la sede porteña del Banco Provincia ubicada en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.
En ese marco, los representantes de la Bicameral de Inteligencia se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio, Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente “nunca hubo cámaras” en el lugar.
De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la Gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.
En el marco de la investigación, la Bicameral de Inteligencia volvió a citar para el este jueves al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien desistió de presentarse el martes pasado ante la y pidió declarar por escrito ante ese cuerpo parlamentario.
Conte Grand fue señalado como quien avalaba desde la Procuración bonaerense el impulso de causas armadas contra gremialistas en la provincia.
El audio de ese video de 2017, que constituyó el puntapié para el inicio de la investigación judicial y de la Bicameral de Inteligencia, reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
