El Gobierno nacional, comandado por Javier Milei, presentó en las últimas horas a través de la Procuración del Tesoro de la Nación un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ante el vencimiento del plazo que le otorgó la Justicia para aplicar la normativa.
“La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla“, expresaron desde el Ejecutivo nacional, en la presentación, en donde solicitaron suspender los artículos 6 y 7 de la normativa.
En efecto, el texto cuestiona la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones, la cual ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley de Financiamiento Universitario, asegurando la recomposición salarial y presupuestaria de las casas de estudios superiores. Sin embargo, desde el mileísmo salieron a poner reparos sobre la aplicación de la normativa.
Según argumentaron desde la administración nacional, la aplicación de la normativa, ratificada dos veces por el Congreso, a pesar del veto presidencial, implicaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.
Vale señalar que, si bien la norma fue ratificada dos veces en el Congreso, tanto por la sanción como por el posterior volteo del veto presidencial, el Gobierno continúa sosteniendo que “el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”.
“En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron”, se excusaron desde Casa Rosada.
De todas maneras, agotada la última instancia judicial, desde los pasillos de Balcarce 50 saben que es muy probable que la Corte Suprema buscará impedir tratar el tema por ser una medida cautelar y no un asunto de fondo, el Ejecutivo nacional se prepara para transferir los $2,5 billones que le corresponden a las universidades por ley.
“La Corte Suprema te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan“, advirtió otro armador de La Libertad Avanza.
Cabe destacar que, el Recurso Extraordinario Federal (REF), que utilizo el oficialismo en las últimas horas, es una herramienta procesal excepcional que permite a la Corte Suprema de Justicia revisar sentencias definitivas de tribunales inferiores cuando se cuestiona la interpretación de la Constitución Nacional, tratados internacionales o leyes federales.
