La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Ayelén Durán, volvió a ingresar su proyecto para institucionalizar el Archivo Provincial de la Memoria, una iniciativa que busca blindar con un marco normativo a un organismo clave en la preservación, organización y difusión de documentos vinculados al terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, la propuesta que la legisladora bonaerense impulsa desde 2022 apunta básicamente a darle una ley marco al Archivo Provincial de la Memoria, cuyas estructuras y funciones actualmente se desarrollan sin un encuadre legal específico. De esta forma, se garantizaría la continuidad de una entidad que fue creada vía decreto y que actualmente está desprotegida en caso de que el Gobierno de turno quiera eliminarla.
De acuerdo a los fundamentos del proyecto, la creación formal del Archivo Provincial de la Memoria responde a la necesidad de preservar de manera sistemática y organizada la documentación producida tanto por organismos estatales como por entidades de la sociedad civil durante los períodos de violaciones a los derechos humanos, aunque también contempla la incorporación de registros posteriores que resulten relevantes para la reconstrucción histórica.
“Hay una necesidad de crear un organismo unificado y centralizado cuyas tareas sean supervisar, diseñar, evaluar y aplicar políticas para la recopilación, conservación y archivo de materiales vinculados a la actuación del terrorismo de Estado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, para contribuir al proceso colectivo de construcción de la Memoria y la búsqueda de la Justicia, y que la comunidad en su conjunto pueda conocer la Verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores y demás violaciones de Derechos Humanos”, señaló Durán en los fundamentos del escrito.
En ese marco, la iniciativa de la legisladora del peronismo pone el foco en el rol del Estado provincial como garante de políticas activas en materia de derechos humanos, dado que el Archivo no solo funcionaría como repositorio documental, sino también como un espacio dinámico de investigación, análisis y difusión. De esta manera, el proyecto contempla que el organismo pueda articular acciones con universidades, centros de estudio, organizaciones sociales y otros archivos tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de ampliar el alcance de su trabajo y contribuir a la construcción de redes de memoria.
En ese sentido, Durán remarca que la institucionalización del Archivo permitirá “ordenar y centralizar documentación que actualmente se encuentra dispersa en distintos organismos”, lo que dificulta su consulta y preservación, al tiempo que advierte que la falta de un marco legal específico puede poner en riesgo la integridad de los registros y limitar su potencial utilización en procesos judiciales vinculados a delitos de lesa humanidad. Por eso, el escrito establece lineamientos claros para la conservación, digitalización y acceso a los documentos, que garanticen estándares técnicos adecuados.
Por otra parte, la propuesta legislativa subraya la importancia de asegurar el acceso público a la información del Archivo Provincial de la Memoria, en línea con los principios de transparencia y derecho a la verdad, aunque contempla restricciones específicas en aquellos casos en los que puedan verse comprometidos datos sensibles o la privacidad de las personas. En ese sentido, Durán plantea un equilibrio entre la difusión de los contenidos y la protección de derechos individuales, lo que se traduce en la implementación de protocolos de consulta y uso de la documentación.
En relación a la estructura del organismo, el proyecto prevé la creación de una autoridad de aplicación que tendrá a su cargo la administración del Archivo Provincial de la Memoria, así como la definición de políticas de preservación y acceso. Además, Durán contempla la conformación de equipos técnicos especializados en archivística, historia, derecho y tecnologías de la información, lo que permitirá abordar de manera integral las distintas dimensiones del trabajo que implica la gestión de un repositorio de estas características.
“Al mismo tiempo, el Archivo Provincial de la Memoria funciona como soporte y resguardo del acervo documental que se encuentra bajo su poder y custodia, por lo que podría constituir como elemento probatorio para los procesos judiciales respecto de las responsabilidades del accionar del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico–militar”, señala Durán en los considerandos el proyecto, donde menciona la necesidad de garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los registros.
Por último, el proyecto de la legisladora bahiense destaca el rol pedagógico del Archivo Provincial de la Memoria al proponer el desarrollo de programas y actividades de formación orientadas a distintos niveles del sistema educativo, con el objetivo de promover el conocimiento de la historia reciente y fomentar una cultura de respeto por los derechos humanos. De esta manera, el archivo se configura no solo como un espacio de conservación, sino también como un actor activo en la transmisión de valores democráticos.
“El complejo proceso de construcción de la Memoria y de la identidad colectiva de una sociedad requiere de esfuerzos del Estado democrático de juzgar y poner luz sobre el accionar represivo desplegado durante el terrorismo de Estado. El camino de la ampliación de los derechos de Memoria, Verdad y Justicia sobre el pasado de nuestra historia reciente es una tarea continua, y la creación efectiva del Archivo es una herramienta fundamental para que toda la ciudadanía pueda ejercer su derecho de conocer la Verdad acerca de la desaparición forzada de personas y las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la última dictadura”, concluyó la legisladora en el escrito.
La historia de la ley de Durán para defender al Archivo Provincial de la Memoria
Con el nuevo ingreso de su iniciativa, Durán volvió a poner en agenda la necesidad de institucionalizar el Archivo Provincial de la Memoria, una misión que tiene desde 2022 y logró avances concretos en las comisiones del Senado durante 2024. Sin embargo, finalmente no logró convertirse en ley tras perder estado parlamentario.
Durante la primera presentación de su proyecto, Durán dialogó con este medio y sostuvo que “es necesario garantizar la continuidad del Archivo por ley dada la magnitud del terrorismo de Estado que atravesó a la provincia de manera brutal”. Por caso, su iniciativa tiene un objetivo central: evitar que una herramienta clave para la preservación de la memoria histórica quede sujeta a decisiones administrativas del Poder Ejecutivo de turno.
Cabe recordar que, durante 2024 la iniciativa de Durán tuvo un avance significativo dentro del Senado bonaerense con la obtención del dictamen favorable en la comisión de Derechos Humanos y Garantías, y posteriormente fue despachada por la comisión de Presupuesto e Impuestos, lo que dejó el proyecto a un paso de su tratamiento en el recinto. Sin embargo, pese al recorrido logrado, el proyecto no llegó a ser debatido en sesión y perdió estado parlamentario, lo que obligó a la legisladora a reingresarlo en el período legislativo actual.
En ese contexto, Durán decidió insistir con la propuesta y reintroducirla en la Legislatura bonaerense, al retomar los mismos ejes conceptuales que habían guiado su formulación original, entre ellos la necesidad de preservar la memoria y de consolidar un espacio que funcione como herramienta para los juicios por lesa humanidad, tal como había señalado en su momento. De esta manera, el nuevo impulso legislativo busca retomar el consenso alcanzado previamente y avanzar hacia la sanción definitiva de una ley que, según la propia autora, resulta indispensable para fortalecer las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la provincia de Buenos Aires.
