La administración de Javier Milei prorrogó por tercera vez consecutiva la emergencia energética y mantuvo el control sobre los precios del gas natural importado. La medida quedó formalizada este martes a través del Decreto 49/26, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.
El Ejecutivo tomó la decisión en medio de una crisis interna que involucra al ENARGAS, y tras dos inviernos marcados por episodios de desabastecimiento. En ese contexto, la Casa Rosada busca reordenar el funcionamiento de la industria del gas y garantizar el suministro durante los próximos períodos invernales.
La normativa oficial precisó que la emergencia alcanzará a los segmentos de transporte y distribución de gas natural y ratificó un esquema excepcional que el Gobierno activó a partir de su llegada al poder en diciembre de 2023, con continuidad durante 2024 y 2025.
A través de los considerandos del decreto, la actual conducción libertaria sostuvo que la proximidad del invierno de 2026 y la volatilidad de los mercados internacionales de gas natural licuado obligan a adoptar medidas urgentes. Según el texto oficial, el Gobierno apunta a garantizar el abastecimiento y evitar interrupciones en el servicio, como las que se registraron en Mar del Plata en julio pasado.
En tanto, la primera de esas medidas establece un precio máximo para la venta en el mercado interno del gas que la Argentina importará para los dos próximos inviernos. El decreto fijó que ese valor no podrá superar el marcador internacional que determine la Secretaría de Energía de la Nación, más un adicional en dólares por millón de Unidad Térmica Británica (BTU) destinado a cubrir los costos operativos.
La segunda definición apunta a garantizar la disponibilidad de la terminal regasificadora de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, para los buques que transporten GNL. Sobre este punto, el Gobierno anticipó que seleccionará a un comercializador privado para la importación del gas y su posterior venta en el mercado interno, mientras que la cartera energética nacional dictará normas complementarias en los próximos meses.
Vale recordar que este esquema convive con el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el que la conducción nacional unificó las ayudas estatales para el pago de servicios públicos. A partir de este año, más de 7,5 millones de hogares quedaron excluidos de los subsidios, mientras que otros 9,1 millones mantendrán la asistencia con cambios en los bloques de consumo según la estación.
La eliminación de la segmentación en tres niveles implicó un nuevo criterio de clasificación de los usuarios residenciales. El Estado nacional definió que los hogares con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, o con determinados patrimonios quedarán sin subsidios, mientras el resto conservará la ayuda estatal, en un esquema que apunta a reducir el gasto de energía del 0,65% al 0,5% del PBI.
Emergencia energética: qué cambia en los subsidios al gas y la energía
El gobierno de Javier Milei puso en marcha desde el 1° de enero pasado, el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y dejó atrás el esquema de segmentación en tres niveles que regía desde la gestión de Alberto Fernández. La medida unificó el criterio de asistencia estatal y redefinió qué hogares recibirán ayuda para afrontar el costo de los servicios públicos.
La Casa Rosada ya había anticipado el cambio en noviembre, cuando el Ejecutivo planteó que los subsidios se otorgarían “solamente a quienes los necesitan, cuando los necesitan”. A partir de ese rediseño, más de 7,5 millones de hogares quedaron excluidos del beneficio desde el inicio de 2026.
En paralelo, otros 9,1 millones de hogares conservarán el subsidio, con modificaciones en los bloques de consumo subsidiado, que variarán según la época del año. El Gobierno aplicó la decisión tras una consulta pública online realizada luego de las elecciones legislativas de octubre, con el objetivo de reducir los subsidios energéticos del 0,65% al 0,5% del PBI y generar un ahorro estimado en USD 1.000 millones.
A partir de la eliminación de la segmentación por ingresos y patrimonio, el sistema pasó a distinguir solo entre hogares con subsidio y sin subsidio. En ese marco, el Ejecutivo excluyó del beneficio a los grupos familiares con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, hoy estimadas en $3.641.397 mensuales, y a quienes posean tres o más vehículos nuevos, varios inmuebles o bienes de lujo.
