En un anuncio que marca un nuevo capítulo en su estrategia de reforma estatal, el gobierno de Javier Milei disolvió la Administración General de Puertos (AGP), una entidad pública creada en 1956 que dependía de la Secretaría de Transporte.
La decisión incluye la creación de un nuevo organismo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que asumirá las funciones de la AGP y absorberá competencias de otros dos organismos: la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la medida y calificó a la AGP como un “antro de corrupción y privilegios”. Según detalló, la ANPYN buscará “ganar en eficiencia y transparencia” y reducir los costos operativos del Estado. “Se eliminarán entes y áreas con funciones duplicadas, se reducirá un 79% del personal, y se venderán inmuebles y activos innecesarios”, aseguró. Además, el portavoz oficial informó que la cúpula directiva de la AGP será completamente removida.
La ANPYN también estará a cargo de la administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay, considerada una de las rutas comerciales más importantes del país. Este corredor fluvial conecta el interior de Argentina con los mercados internacionales y representa un eje estratégico para el comercio exterior. En rigor, la nueva agencia avanzará en la licitación para la concesión privada de la Vía Navegable Troncal bajo un contrato a 30 años.
La licitación había sido anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el pasado 20 de octubre y estaba inicialmente en manos de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Sin embargo, la reciente disolución de este organismo trasladará la responsabilidad a la ANPYN. Las ofertas de los interesados se recibirán hasta el 29 de enero de 2025. Según lo planificado, el Estado dejará de estar involucrado en la gestión y el mantenimiento de la vía, que pasará a un modelo de concesión a riesgo empresario.
El nuevo esquema busca atraer inversiones privadas para modernizar la infraestructura fluvial y garantizar la operatividad del corredor, que mueve aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales del país. La intención del Ejecutivo es reducir la intervención estatal y delegar en el sector privado tanto las obras de dragado y balizamiento como el mantenimiento general del sistema.
La eliminación de la AGP se enmarca en una política más amplia de reestructuración estatal que el gobierno de Javier Milei ha impulsado desde su asunción. En octubre pasado, el Ejecutivo había disuelto Trenes Argentinos Capital Humano, otra empresa pública, bajo argumentos similares de optimización de recursos y lucha contra la corrupción.
El anuncio también refuerza la línea discursiva de la gestión actual, centrada en reducir el gasto público y eliminar organismos que consideran innecesarios o redundantes. En ese sentido, Adorni fue categórico al respecto: “En 2025 seguimos adelante con la reducción del gasto público. Dios bendiga a la República Argentina”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.
La decisión de privatizar la administración de la Hidrovía ha despertado críticas desde diversos sectores. Algunos cuestionan la capacidad del sector privado para asumir íntegramente la gestión de una vía estratégica sin comprometer los intereses del Estado. También se plantean dudas sobre el impacto que tendrá la reducción del personal en términos sociales y laborales, dado que se anticipa un recorte significativo en los puestos de trabajo vinculados a los organismos disueltos.
Por otro lado, expertos en logística y comercio exterior coinciden en que la Hidrovía requiere inversiones urgentes para mejorar su operatividad y competitividad. En ese sentido, la llegada de capital privado podría acelerar obras que, de otro modo, dependerían exclusivamente de recursos públicos limitados.
Milei puso a Iñaki Arreseygor como titular de la nueva ANPYN
La medida ha generado expectativa sobre quién será designado como titular de la ANPYN. Fuentes cercanas al Gobierno apuntan al actual subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, como el principal candidato. Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente ningún nombramiento.
Arreseygor cuenta con un extenso currículum en el ámbito público y privado. Antes de asumir en la subsecretaría, en mayo de 2024, había trabajado en prestigiosos estudios jurídicos como M&M Bomchil y Marval, O’Farrell & Mairal. Además, se desempeñó como director provincial de Compras y Contrataciones en el Ministerio de Infraestructura de la gestión de María Eugenia Vidal. Su experiencia abarca tanto la gestión de infraestructura como el desarrollo de estrategias de inversión y modernización.
Según el decreto presidencial que establece la creación de la Agencia Nacional de Una de las primeras tareas que enfrentará Arreseygor será liderar la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial más extenso y estratégico de América del Sur, con más de 3.400 kilómetros.
La concesión, que será por un período de 30 años, marcará un cambio en la gestión del canal, que volverá a estar en manos privadas. Entre las principales competidoras en el proceso de licitación figuran empresas internacionales como Jan de Nul, actual operadora, y firmas de Bélgica y Holanda, como Boskallis y DEME Group. Estas compañías han destacado en el ámbito global por su experiencia en proyectos de dragado y mantenimiento portuario.
Sin embargo, la resolución que regula el proceso excluye la participación de empresas controladas directa o indirectamente por estados soberanos. Esta disposición deja fuera de la competencia a Shanghai Dredging Co., filial de la estatal China Communications Construction Company (CCCC). Dicha empresa, vinculada a los intereses estratégicos de Beijing, ha sido un actor central en grandes proyectos de infraestructura portuaria y en las ambiciones geopolíticas chinas.
