En las últimas horas, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo del massista Jorge D’Onofrio, presentó una solicitud ante la Justicia para facilitarle al fiscal Álvaro Garganta la información requerida en el marco de la causa que investiga a la cartera por corrupción.
Es preciso recordar que, este martes, el fiscal penal de La Plata realizó un pedido de envío de documentación al Juzgado de Faltas de la provincia de Buenos Aires con el fin de investigar una supuesta organización de corrupción integrada por funcionarios, abogados y gestores que involucra al Ministerio de Transporte bonaerense por la obtención de ganancias indebidas en la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.
En este contexto, el funcionario a cargo del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires se presentó con el patrocinio de la Fiscalía de Estado para ser querellante en la causa luego de tomar conocimiento de la denuncia por defraudación al Estado bonaerense.
De esa manera, las autoridades de la cartera de Transporte bonaerense se pusieron a disposición para brindar toda la información requerida por el fiscal Garganta que lleva adelante la investigación. “Creemos y confiamos plenamente en el accionar de la Justicia”, aseguró D’Onofrio.
En ese marco, desde el Ministerio de Transporte remarcaron que con la información que solicitó el fiscal para la investigación “va a salir a la luz que no se pueden borrar multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires ya que el sistema no lo permite”, y que por cada multa procesada solo puede haber tres destinos: condena, absolución o la permanencia en el stock.
Por caso, en un informe del Ministerio de Transporte, D’Onofrio explicita que los procesamientos, las condenas y la recaudación vinculada a las multas de tránsito se incrementó en los últimos años, incluso mientras los juzgados tienen un promedio del 70% de condenas y 30% de absoluciones.
En ese sentido, desde el Ministerio de Transporte mencionaron que, en su gran mayoría, las absoluciones son por inconsistencias en los datos, es decir, multas a nombre de un auto que pertenecían a otro, prescripciones, ilegibilidad de la foto o insignificancia en los registros.
Cabe mencionar que, la investigación comenzó a través de una denuncia particular que relata que distintos funcionarios de la administración provincial, específicamente de la cartera conduce D’Onofrio, valiéndose del acceso de un sistema informático administrativo que centraliza las infracciones de tránsito, habrían participado de una red de corrupción junto con gestores y terceros, ajenos a la dependencia estatal.
El supuesto modus operandi se basaba en captar automovilistas con multas y ofrecerles una reducción de un 50% en la infracción. “Ingresaban al sistema, reducían la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, agregó el fiscal a cargo de la causa.
Como parte de la investigación, la Fiscalía recopiló algunos expedientes y evidencias que podrían implicar a varios individuos en el manejo irregular de las contravenciones de tránsito, con supuesta participación del Gobierno bonaerense que lidera Axel Kicillof.
El comienzo de la investigación al Ministerio de Transporte que involucra a D´Onofrio
Las investigaciones, que parten desde 2022 a la fecha, tienen como principal sustento, una serie de multas registradas que no coinciden con la información oficial electromagnética en el sistema provincial de infracciones de tránsito. Esta irregularidad despertó las sospechas de posible manipulación en los registros con el objetivo de reducir las sanciones, beneficio que debe quedar bajo el criterio de los jueces de faltas implicados.
Sin embargo, se sospecha también que desde los juzgados provinciales se estarían introduciendo en los sistemas de los juzgados de faltas municipales para aplicar las mismas metodologías. Es decir, que multas que son de jurisdicción local, tampoco son cobradas en los municipios porque se “resuelven” en otras instancias.
En este contexto, según trascendió varios intendentes de la provincia de Buenos Aires comenzaron a notar una fuerte baja en la recaudación por infracciones de tránsito. Descartando de plano una concientización masiva y repentina de los automovilistas, por lo que las comunas comenzaron a investigar el motivo de la merma de esos ingresos.
Según estipula la ley provincial 13.927, las infracciones de tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías y semi-autopistas dentro del territorio provincial solo deben ser juzgadas por la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial.
La evidencia recopilada durante la investigación sugiere que esta norma podría haber sido eludida mediante un esquema de corrupción en el que gestores, abogados y posibles cómplices en la administración pública ofrecen a los infractores reducir sus deudas a un 50% del valor original de las multas.
