En las últimas horas, el Gobierno nacional oficializó una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, a partir de una resolución firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que tiene como objetivo auditar la documentación clave de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) que abre una nueva instancia de revisión sobre balances, contratos y movimientos financieros.
Es preciso recordar que, la decisión de Mahiques fue anunciada por la administración libertaria hace diez días, pero finalmente oficializada este martes. No obstante, el movimiento del Gobierno se da tras el desplazamiento del titular de la IGJ, Daniel Vítolo, mientras que fuentes oficiales señalaron que el funcionario de Javier Milei fue quien tomó la decisión, y que el nuevo integrante del Gabinete nacional convalidó la medida durante la noche del día anterior.
Según la información difundida, el movimiento del nuevo Ministerio de Justicia de la Nación se enmarca en un reclamo previo de la IGJ, organismo que solicitó en reiteradas ocasiones el acceso a la documentación contable y administrativa de la AFA sin haber obtenido respuesta completa. En ese contexto, la veeduría apunta a relevar información considerada relevante para el control del funcionamiento institucional de la asociación.
En tanto, los veedores designados para llevar adelante la tarea en la AFA son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, que contarán con acceso a los libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la entidad, y podrán examinar en detalle la información vinculada a la gestión económica y financiera del organismo rector del fútbol argentino.
Entre las funciones asignadas a los veedores se encuentra la elaboración de un informe final sobre el estado de situación de la AFA, aunque también tendrán la facultad de presentar reportes parciales en caso de detectar cuestiones que consideren urgentes. Esta dinámica permite que eventuales observaciones sean elevadas durante el proceso sin necesidad de esperar al cierre del período de intervención.
En cuanto al alcance de la auditoría, la resolución establece que deberán analizarse los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales de la AFA, incluso el depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales. Además, se revisará la documentación vinculada a la creación de la denominada Universidad de la AFA (UNAFA) y las relaciones comerciales con distintas firmas y personas.
Dentro de ese listado aparecen empresas y actores bajo observación como TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo, cuyos vínculos contractuales con la AFA serán parte del análisis, con el objetivo de verificar la regularidad de los acuerdos comerciales y el encuadre de las operaciones dentro de la normativa vigente.
La medida se apoya en objeciones previas de la IGJ, que había señalado que la AFA no entregó la información requerida sobre el ejercicio 2025 ni sobre la estructura de la UNAFA. Además, el organismo cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires, al considerar que esa modificación resultaba “ficticia” y que la Asociación continúa bajo su órbita de control.
Es preciso mencionar que, el conflicto entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA se intensificó en las últimas semanas, y la respuesta de la entidad no tardó en llegar: desde la institución encabezada por Tapia rechazaron la decisión oficial, calificaron la veeduría como “ilegítima”, negaron irregularidades en la presentación de balances y anticiparon que buscarán frenar el avance de la medida a través de la vía judicial.
Pese a la tensión, la intervención dispuesta por el Gobierno no implica una injerencia directa en la gestión cotidiana de la AFA, ya que se trata de una veeduría y no de una intervención plena. Sin embargo, el proceso abre una etapa de auditoría formal sobre uno de los sectores más relevantes del fútbol argentino, cuyos resultados podrían derivar en nuevos requerimientos por parte de los organismos de control, eventuales sanciones administrativas o una profundización del conflicto en el ámbito judicial.
La AFA apeló la resolución de la IGJ y busca destrabar el cambio de jurisdicción a Pilar
En paralelo a la veeduría dispuesta por el Gobierno nacional, la AFA avanzó con una presentación judicial para intentar convalidar su mudanza al partido bonaerense de Pilar, ya que la entidad presidida por Chiqui Tapia interpuso un recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con el objetivo de anular la resolución de la IGJ que había frenado el cambio de jurisdicción.
En tanto, la apelación apunta contra la Resolución 140, firmada el 18 de febrero por el entonces inspector general Daniel Vítolo, que rechazó el traslado del domicilio legal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la calle Mercedes 1366, en el distrito de Pilar. Ese proceso se había iniciado el 17 de octubre de 2024, cuando la dirigencia aprobó la mudanza en una asamblea ordinaria, y luego fue validado el 15 de noviembre por autoridades bonaerenses, que inscribieron a la institución bajo matrícula 50275 mediante la Resolución 9000.
El recurso, firmado por el abogado Federico Helfer, plantea la nulidad absoluta de la decisión administrativa y acusa a la IGJ de haber incurrido en una desviación de poder, al sostener que el organismo nacional se arroga facultades que, según la presentación, corresponden de manera exclusiva a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría una invasión de competencias sobre otro ente estatal.
En el escrito, de unas 100 páginas, la AFA también denunció presuntos vicios procesales durante la tramitación del expediente, entre ellos la constatación del nuevo domicilio sin notificación previa a la entidad, lo que habría impedido a sus representantes legales controlar los informes en tiempo oportuno. Además, cuestionó dificultades para acceder a la documentación, ya que debió aguardar más de una semana y abonar costos para obtener copias de actuaciones que, de acuerdo con el texto, ya habían trascendido públicamente.
La presentación judicial incluye críticas al accionar del exfuncionario Vítolo, a quien se le atribuye haber anticipado públicamente el rechazo del traslado en distintas intervenciones mediáticas antes de la resolución formal, al tiempo que se señalan otras presuntas irregularidades administrativas, como la existencia de expedientes con indicaciones de no ser foliados y requerimientos contables firmados por personal sin designación legal.
En ese marco, la AFA también cuestionó la supuesta contradicción del organismo al señalar balances pendientes entre 2017 y 2024, cuando existía un certificado oficial del 7 de noviembre de 2024 que acreditaba que la institución estaba al día con la presentación de sus estados contables, y además advirtió que, de no prosperar el planteo, está dispuesta a llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
