Frente a la siempre latente amenaza de los cortes de luz, el diputado bonaerense del bloque UCR – Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, presentó un proyecto para crear un Régimen Provincial de Fortalecimiento del Sistema Energético, con el objetivo de mejorar la continuidad, regularidad, confiabilidad y calidad del suministro eléctrico en localidades y áreas de la provincia de Buenos Aires que presenten restricciones o deficiencias de abastecimiento.
La iniciativa parte de un diagnóstico centrado especialmente en las localidades pequeñas y comunidades rurales de la provincia de Buenos Aires donde existen dificultades de conexión al sistema energético, cortes de luz frecuentes o prolongados y restricciones de capacidad que pueden dificultar el acompañamiento del crecimiento de la demanda, por lo que Miranda plantea incorporar herramientas específicas, como la promoción de proyectos de generación solar, para mejorar el suministro.
“La energía eléctrica constituye un servicio esencial y una condición fundamental para el desarrollo social, productivo y económico de las comunidades, por lo que la política energética bonaerense debe contar con herramientas que permitan atender estas situaciones de manera específica”, expuso Miranda en el escrito que ingresó a la Cámara de Diputados.
El oriundo de Trenque Lauquen alertó que en algunas zonas de la provincia, la baja densidad de usuarios y las distancias con los principales centros de infraestructura dificultan la realización de las inversiones necesarias, incluso cuando éstas son indispensables para garantizar las condiciones adecuadas de vida de los habitantes.
En ese sentido, la iniciativa del legislador que integra el bloque UCR – Unión Cívica Radical apunta a utilizar la generación solar fotovoltaica y el almacenamiento como herramientas para incorporar nueva capacidad de generación de energía en las localidades donde resulte necesario, con la posibilidad de aprovechar los excedentes mediante acopio, inyección a la red o comercialización, de acuerdo con la capacidad técnica de evacuación y el régimen eléctrico aplicable.
Asimismo, Miranda señaló que la provincia de Buenos Aires cuenta con una ley que regula las actividades de generación, transporte y distribución de energía, y expone que la misma establece objetivos vinculados con la protección de los usuarios, el incentivo de las inversiones necesarias para asegurar el abastecimiento y la promoción del desarrollo electroenergético que eviten los cortes de luz de manera reiterada.
Sin embargo, el diputado boina blanca hace hincapié en que la iniciativa no pretende sustituir ni afectar la vigencia de dichos regímenes, sino “establecer un instrumento específico en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para identificar necesidades concretas de abastecimiento y promover proyectos de generación renovable, almacenamiento y obras complementarias destinados a contribuir a su solución, evitando superposiciones en materia de beneficios e incentivos”.
Otro de los ejes centrales del escrito hace referencia a la participación del sector privado en la inversión de la generación de energía, ya que los proyectos podrían ejecutarse a partir de la inversión de terceros, pública o esquemas mixtos, según las características técnicas, económicas y financieras de cada plan regional. La financiación privada tendrá prioridad cuando resulte técnicamente viable, y habrá alternativas públicas o mixtas cuando esa modalidad no sea posible.
Miranda propone crear un mapa de zonas críticas y beneficios para los que inviertan en el sistema energético
En concreto, el proyecto que ingresó Miranda a la Legislatura bonaerense busca crear un Sistema Provincial de Fortalecimiento Energético destinado a identificar, evaluar y promover soluciones para las localidades y áreas bonaerenses que presenten restricciones o deficiencias de abastecimiento eléctrico, mientras que la autoridad de aplicación deberá elaborar y actualizar un Mapa Provincial de Áreas Prioritarias de Fortalecimiento Energético.
Para determinar qué zonas serán consideradas prioritarias, se tendrán en cuenta factores como la frecuencia y duración de las interrupciones, los niveles de calidad y confiabilidad del servicio, las restricciones de capacidad de las redes, la ubicación de sectores críticos, la demanda actual y proyectada, la cantidad de usuarios afectados, las características rurales o de baja densidad poblacional, el estado de las instalaciones y la factibilidad técnica de incorporar generación renovable y almacenamiento.
Una vez identificada un área, la autoridad de aplicación deberá elaborar un Proyecto de Fortalecimiento Energético que determine, entre otros aspectos, la localidad beneficiaria, la necesidad energética detectada, la solución técnica propuesta, la potencia de generación prevista, la capacidad de almacenamiento cuando corresponda, las condiciones de conexión y las obras complementarias necesarias.
Si los estudios técnicos determinan que las restricciones de abastecimiento están vinculadas con la capacidad o el estado de la red de distribución, el proyecto establece que la situación deberá ser puesta en conocimiento del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) y del prestador correspondiente, con la idea de que se adopten las medidas que correspondan dentro de sus respectivas competencias.
Sin embargo, Miranda enfatiza que la incorporación o ejecución de un Proyecto de Fortalecimiento Energético no podrá considerarse, por sí misma, como cumplimiento, sustitución o compensación de las obligaciones del prestador del servicio de distribución.
En lo que respecta a la inversión privada, el proyecto establece un régimen específico para promover la construcción, operación, mantenimiento y explotación de proyectos de generación fotovoltaica y almacenamiento, con procedimientos de selección de inversores basados en publicidad, igualdad de oportunidades, concurrencia, transparencia y capacidad técnica y financiera.
Entre los incentivos previstos para garantizar los Proyectos de Fortalecimiento Energético aparece la posibilidad de que el Estado bonaerense otorgue al adjudicatario una concesión especial de uso y explotación por 20 años, a título gratuito y sin cargo en concepto de canon, sobre inmuebles del dominio privado provincial previamente afectados al Banco Provincial de Tierras Energéticas y destinados a los proyectos contemplados por el régimen.
Además, el proyecto contempla beneficios fiscales para las inversiones incorporadas al régimen, entre ellos exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos e Impuesto Inmobiliario en los términos establecidos por la iniciativa, junto con un régimen de estabilidad fiscal durante 15 años desde el inicio de la operación comercial.
Empleo bonaerense y obligaciones para los inversores privados
Para cerrar, la propuesta de Miranda incorpora además condiciones para que parte del impacto económico de las inversiones permanezca en territorio bonaerense, ya que durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento los sujetos alcanzados deberán garantizar que, como mínimo, el 70% de los trabajadores afectados a esas tareas tengan domicilio real en la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, los titulares de los proyectos deberán destinar como mínimo el 50% del monto total anual de las contrataciones de bienes, obras y servicios vinculados con las inversiones a proveedores radicados en la provincia, siempre que exista oferta regional que reúna las condiciones técnicas y económicas requeridas.
En tanto, el régimen también establece obligaciones vinculadas con la generación, el almacenamiento y la disponibilidad de energía, además de exigir garantías para asegurar la ejecución de las inversiones, la construcción y puesta en funcionamiento, la operación y mantenimiento, el cumplimiento de las obligaciones ambientales y, cuando corresponda, el cierre, desmantelamiento o transferencia de las instalaciones.
Por último, Miranda incorporó un esquema de fiscalización y sanciones que contempla desde apercibimientos y multas de hasta el 5% del monto de la inversión comprometida hasta la suspensión de beneficios y, en determinados casos, la caducidad de la concesión o la exclusión del proyecto del régimen, además de prever la elaboración de un Registro Público de Proyectos de Fortalecimiento Energético y un informe anual de ejecución para ambas cámaras de la Legislatura.
