Este viernes, el presidente Javier Milei puso la firma en un decreto que busca avanzar con el plan que inició el pasado 10 de diciembre de bajar el gasto público y reducir la presencia del Estado a la mínima posible. De esa manera, la motosierra libertaria llegó a los parques industriales, con la derogación de un programa clave para su desarrollo.
Luego de recortar la entrega de medicamentos en el PAMI y de despedir miles de trabajadores estatales, esta mañana el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron el Decreto 1077/2024, que establece el fin del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, que fue creado en 2010 bajo la primera presidencia de Cristina Kirchner.
Es que, amparado en las declaraciones de “emergencia pública” en materia administrativa, económica, financiera y energética, entre otras, promovidas por el Decreto 70/2023 y la Ley Bases, Milei rubricó con su firma el decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial, que derogó los decretos 915/10 y 716/20, bajo el argumento de que la situación que atraviesa Argentina desde los últimos años “generó profundos desequilibrios que impactaron negativamente en toda la población, en especial en los ámbitos sociales y económicos”.
En tanto, la nueva medida del Gobierno llega tras la derogación de la ley N° 21.608 mediante el mega Decreto de Necesidad y Urgencia, que establecía un Sistema de Promoción Industrial orientado a fomentar el desarrollo sectorial, regional y especial. Ahora, la administración libertaria dio un paso más en el plan de apartar al Estado nacional de los regímenes de promoción al sector.
Por eso, entre las argumentaciones, el decreto señala que “resulta indispensable optimizar los recursos asignados a la política industrial, priorizar la planificación de nuevas estrategias que permitan sostener la competitividad de los sectores productivos y fortalecer la radicación de inversiones”.
Es preciso mencionar que, el decreto derogado por la administración libertaria que garantizaba el desarrollo de los parques industriales en Argentina a través de un programa nacional que contemplaba a todas las provincias, había sido firmado en 2010, y renovado con algunos cambios en 2020, durante la administración del Frente de Todos.
En su primera etapa, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales tenía como objetivo poner a disposición créditos por hasta 300 millones de pesos, que sería más de 6 mil millones de pesos de hoy, para financiar obras de infraestructura que permitan potenciar los agrupamientos.
Con las modificaciones dispuestas en 2020, el monto total anual de créditos para la puesta en práctica y desarrollo de los polos productivos llegó a los mil quinientos millones. A esto le sumaron aportes no reintegrables para distribuir entre los mismos, con una partida presupuestaria máxima de 2,4 mil millones de pesos.
La motosierra de Milei dejará sin financiamiento a los nuevos parques y atentará contra los ya existentes. La motosierra de Milei dejará sin financiamiento a los nuevos parques y atentará contra los ya existentes. La motosierra de Milei dejará sin financiamiento a los nuevos parques y atentará contra los ya existentes.
Cabe recordar que, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques creó también un registro nacional, que desde la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, recolectaba, producía, monitoreaba, registraba y sistematizaba todos los datos e información sobre los terrenos empresariales de Argentina.
Por caso, la nueva medida del Gobierno nacional libertario tendrá un impacto sumamente negativo en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 200 parques industriales a lo largo y ancho de la región, distribuidos en 11 municipios.
Según un informe del ya extinto Ministerio de Desarrollo Productivo, en 2016 había más de 2 mil empresas en parques radicados en territorio bonaerense, que generaban unos 56 mil puestos de trabajo. Ese mismo escrito, habla de 61 aportes no reintegrables a polos productivos de la Provincia, por casi 88 millones de pesos.
