En medio del debate bonaerense, Nación ratificó el cobro a extranjeros en universidades

El Gobierno nacional ratificó que las universidades públicas pueden cobrarles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente en el país.

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El Gobierno nacional este jueves ratificó que las universidades públicas del país están habilitadas para cobrarles por sus estudios de grado a los extranjeros sin residencia permanente en Argentina, en medio del avance de una iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense para aplicar un esquema similar en la educación superior provincial y la salud pública.

El subsecretario de Políticas Universitarias de Nación, Alejandro Álvarez, recordó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 modificó la Ley de Educación Superior y habilitó a las universidades nacionales a establecer retribuciones para este grupo de estudiantes. “Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, señaló el dirigente libertario ante las consultas que recibió tras la presentación de la oposición bonaerense.

En concreto, el decreto mantiene la gratuidad de los estudios de grado para los ciudadanos argentinos nativos o por opción, y para los extranjeros que acrediten residencia permanente en el país. En estos casos, la normativa prohíbe que las instituciones estatales establezcan cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, ya sea de manera directa o indirecta.

En cambio, el DNU que entró en vigencia desde el año pasado establece que las universidades podrán fijar retribuciones por los servicios educativos para las personas que no se encuentren comprendidas dentro de esas categorías. De este modo, la disposición alcanza a los extranjeros que permanezcan en Argentina bajo regímenes de residencia temporaria o transitoria, aunque cada institución conserva la facultad de definir si aplica el cobro.

Además, la normativa contempla que los extranjeros sin residencia permanente puedan acceder a becas cuando los estatutos de las universidades así lo establezcan. El mismo beneficio podrá surgir de convenios celebrados entre las casas de estudios y otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que las universidades nacionales están habilitadas para cobrar a los extranjeros sin residencia permanente.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que las universidades nacionales están habilitadas para cobrar a los extranjeros sin residencia permanente.

Cabe señalar que el pronunciamiento de Nación tuvo lugar pocos días después de la presentación de un proyecto de LLA y el PRO en la Cámara baja bonaerense para establecer aranceles en la educación universitaria provincial y en determinadas prestaciones sanitarias para extranjeros sin residencia permanente.

LLA busca extender el arancelamiento a extranjeros en universidades y hospitales bonaerenses

En rigor, la iniciativa presentada por el titular del bloque de diputados libertarios, Agustín Romo establece un régimen de cobro para las prestaciones que brinden los hospitales públicos bonaerenses y para los estudios de grado en universidades provinciales de gestión estatal. La propuesta alcanzaría exclusivamente a extranjeros que no acrediten residencia permanente y cuenta con el respaldo de la toda la tropa libertaria y del presidente del PRO, Alejandro Rabinovich.

Para el sistema sanitario, la iniciativa dispone que los extranjeros con residencia temporaria o transitoria deberán afrontar el costo de la atención por sus propios medios, a través de un seguro de salud o mediante un tercero obligado. En tanto, el texto excluye las emergencias con riesgo inminente para la vida y establece que los hospitales deberán garantizar primero la estabilización del paciente antes de iniciar cualquier procedimiento para recuperar los gastos.

En materia educativa, los órganos superiores de cada universidad provincial tendrán a su cargo la definición de las retribuciones que deberán abonar los estudiantes alcanzados por el arancelamiento, en línea con el criterio que establece la actual normativa nacional. Además, el proyecto en curso también obliga al Ministerio de Salud y a las instituciones universitarias a informar cada año la cantidad de prestaciones o alumnos comprendidos, montos facturados y percibidos, exenciones otorgadas, costos administrativos y el destino de los recursos.

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