A solo unos meses de que la sentencia contra Javier Odera por un triple homicidio ocurrido en un siniestro vial quedara fija, Gabriela Casco, la mamá de Ramiro Pizzolato (20), uno de los jóvenes que murió ese 22 de noviembre de 2014, denunció que el único condenado por el hecho habría sido contratado por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Navarro, para un cargo dentro del área de Seguridad Vial.
“No se está respetando la Justicia. El municipio de Navarro y Odera volvieron a matar a mi hijo”, sentenció la mamá de Ramiro Pizzolato. Es que, Javier Odera fue condenado en 2022 por haber provocado un triple homicidio vial en 2014, en el que murió su hijo Pedro Odera, Oscar Salas y Ramiro. A pesar de su condena de tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para conducir, habría sido designado recientemente como funcionario municipal, lo que generó una fuerte reacción pública.
En diálogo con Diputados Bonaerenses, la madre de Ramiro calificó la presunta decisión del intendente de Navarro, Facundo Diz como un “atropello a la razón”, y denunció que Odera continúa manejando de forma ilegal en el municipio. “Esta persona volvió a matar a mi hijo”, expresó con profundo dolor.
Es preciso mencionar que, el cargo que Odera ocuparía en Navarro reemplaza al funcionario anterior, Ignacio Ciconich, en un área sensible como Seguridad Vial, Monitoreo y Tránsito. En tanto, la familia de Ramiro asegura que el nombramiento se habría manejado con total hermetismo, sin comunicación oficial ni explicación a la comunidad, lo que incrementa la indignación entre quienes esperan justicia. “Parece que vivimos en el mundo del revés”, señaló Gabriela, al remarcar la falta de respuesta institucional ante su reclamo.
La sentencia contra Odera, dictada por la jueza, Gisela Selva, estableció la inhabilitación para conducir hasta abril de 2030, pero, según la familia Pizzolato, el condenado violó sistemáticamente esa restricción en el municipio de Navarro y a la vista de todos los vecinos sin que el Juzgado de Ejecución Nº 1, a cargo del seguimiento del fallo, tomara medidas efectivas. “Odera no sólo viola la ley, también causa una profunda tristeza e indignación en todos los que lo vemos circular con total impunidad”, advirtieron en un comunicado.
Por caso, Gabriela presentó una carta formal en el municipio y en el Concejo Deliberante de Navarro, en conjunto con la Asociación Madres del Dolor, pero aún no obtuvo respuestas. Según relató a este medio, solicitó en varias ocasiones una reunión con el intendente Diz, pero nunca fue atendida. “Nadie me va a devolver a mi hijo, pero como ciudadana necesito respuestas”, reclamó, y agregó que la indiferencia oficial refuerza la sensación de impunidad para Odera.
El comunicado de la familia de Ramiro Pizzolato advierte además que, más allá del dolor personal, el mensaje que se envía a la sociedad con la presunta designación de Odera al frente del área de Seguridad Vial es el de que “las leyes no importan”, y que “se puede atropellar la vida de otro sin consecuencias reales”. La madre de Ramiro denunció que el imputado “no solo sigue manejando, sino que ahora representa al Estado en temas donde debería tener una condena firme, no un cargo público”.
La situación generó repudio también en otros sectores sociales y civiles de Navarro que consideran inadmisible que alguien con antecedentes tan graves esté al frente de un área clave en la prevención de accidentes de tránsito. “La Secretaría de Seguridad debería ser ejemplo de respeto a la ley, no un refugio para quienes la violaron”, expresó un allegado a la familia de las víctimas.
En su testimonio, Gabriela insistió en que no busca venganza contra Odera, sino justicia por su hijo. “Ocho años pedí por una condena que apenas se cumplió en los papeles, pero esto es otra cosa: esto es institucionalizar la impunidad”, afirmó, al tiempo que señaló que “la comunidad de Navarro no merece estos atropellos”.
Navarro: el rol de la Justicia y el reclamo de la mamá de Ramiro Pizzolato
La jueza Gisela Selva impuso una condena mínima para el triple homicida de Navarro que, si bien se ajusta al Código Penal vigente, fue ampliamente cuestionada por familiares de las víctimas y organizaciones civiles. La pena de tres años en suspenso permite a Odera no ir a prisión, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, entre ellas, no reincidir y no conducir. Sin embargo, los testimonios aseguran que incumplió ambas.
Desde la Asociación Madres del Dolor, que acompaña a la familia de Ramiro Pizzolato desde el inicio del proceso, también expresaron su preocupación por la falta de control del cumplimiento de la sentencia. “Si no hay seguimiento ni castigo efectivo, no hay justicia real”, sostienen, al tiempo que advirtieron que la designación política de un condenado por homicidio vial “sienta un precedente muy peligroso”, sostuvieron.
El caso de Ramiro Pizzolato se suma a una larga lista de siniestros viales impunes que, según denuncian las organizaciones de víctimas, siguen siendo tratados como accidentes y no como delitos. “La muerte de Ramiro no fue una fatalidad, fue la consecuencia de un acto irresponsable y criminal de un señor que hoy es funcionario de Navarro”, recordó su madre.
