Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales, nucleados en la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), anunciaron un plan de lucha que incluirá cinco jornadas de paro durante los próximos dos meses. La medida afectará el funcionamiento administrativo de las casas de altos estudios en todo el país y se inscribe en el conflicto que atraviesa el sector por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y las condiciones salariales.
El cronograma difundido por la federación establece cese total de actividades los días 16 y 31 de marzo, y luego el 8, 17 y 23 de abril. En ese marco, las asociaciones sindicales que integran la FATUN anticiparon que la medida impactará en la apertura cotidiana de las universidades nacionales, ya que los nodocentes cumplen tareas clave en la gestión académica y administrativa de las instituciones.
Vale precisar que la conducción de FATUN adoptó la decisión durante una reunión del Consejo Directivo que reunió a 55 representantes de las agremiaciones adheridas. En este ámbito, los dirigentes analizaron el escenario político y económico que atraviesan los trabajadores del sector, junto con la situación general del sistema universitario nacional.
En primera instancia, el organismo resolvió sostener el estado de emergencia permanente dentro de la organización sindical. Además, los representantes gremiales ratificaron la continuidad de las acciones judiciales en marcha para garantizar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los trabajadores nodocentes también rechazaron cualquier tipo de modificación a la normativa aprobada por el Congreso, y anticiparon que promoverán gestiones ante legisladores nacionales con el objetivo de impedir la sanción de un proyecto que modifique el alcance de la ley vigente.

En tanto, el conflicto gremial también involucra a los docentes universitarios, quienes en las últimas horas anunciaron nuevas medidas de fuerza. Las asambleas realizadas en facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron convocar a un paro por tiempo indeterminado para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y reclamar una recomposición salarial para el sector.
La Agrupación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) confirmó que la huelga comenzará el 16 de marzo y se mantendrá hasta que la gestión de Javier Milei atienda los reclamos del sector. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, afirmaron desde la organización sindical al justificar la medida.
Finalmente, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) también resolvió avanzar con un plan de lucha para todo el semestre y acompañará la semana de paro convocada desde el 16 de marzo. “La contundencia de las medidas responde a una situación salarial insostenible para la docencia universitaria y a la necesidad de responder con fuerza a este nuevo ataque”, señalaron desde el plenario de secretarios generales.
En qué consiste recorte al financiamiento universitario que denuncian las universidades
En medio de las presiones desde el oficialismo para modificar el esquema de Financiamiento Universitario, la administración de Javier Milei redujo de manera sostenida los recursos destinados a la educación superior. Con la sanción del Presupuesto 2026, las universidades nacionales recibirán uno de los montos más bajos de las últimas dos décadas, una situación que profundiza la crisis del sector docente.

Los cálculos que elaboraron distintos sectores del sistema universitario advierten que los presupuestos de las casas de estudio registrarán este año una caída real cercana al 34% respecto al 2023. Incluso frente a 2025, los fondos también exhiben una disminución en términos reales pese a los aumentos nominales previstos en las partidas.
En ese contexto, las estimaciones indican que el Estado nacional sólo destinará alrededor de 0,47% del Producto Bruto Interno (PBI) al financiamiento universitario. Al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional proyecta recortes en áreas clave como becas estudiantiles, ciencia y tecnología.
Finalmente, las autoridades universitarias también denunciaron reducciones en partidas sensibles del sistema educativo, entre ellas los presupuestos de hospitales universitarios, que registraron recortes de hasta 30%. Por caso, la comunidad educativa advirtió que este escenario impacta directamente en el funcionamiento de las instituciones, el salario real docente y en el acceso a una educación pública de calidad.





