El Gobierno nacional envió en las últimas horas al Congreso de la Nación el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitó la extinción de dominio en causas de corrupción, de narcotráfico, de trata de personas y de otros delitos graves.
Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el ministro de Justicia, Germán Garavano, ya puso el texto a disposición del Poder Legislativo, donde deberá ser analizado por los integrantes de la Comisión Bicameral.
La decisión de la Casa Rosada se produjo ante las crecientes críticas que surgieron tanto de la oposición como de la mayoría de los especialistas en derecho constitucional, quienes denunciaron que la normativa viola lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Nacional.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había dicho el jueves que el DNU iría “al Congreso, para discutirse con representantes de ambas Cámaras de cara a la sociedad, donde van a quedar bien claras las posiciones y si esto finalmente se sanciona, la Argentina va a poder ratificar esta herramienta que ya está vigente”.
Frigerio reiteró que el DNU se decidió porque “después de tres años el Presidente entendió que no podíamos esperar más, que necesitábamos de esta herramienta para recuperar lo que la corrupción le sacó a los argentinos y estamos seguros de que lo vamos a conseguir”.
“Hay más de 20.000 millones de pesos en proceso de ser recuperados y hay embargos que superan los 100.000 millones de pesos, estamos hablando del equivalente a dos presupuestos de mi ministerio en obras públicas”, graficó.
