Cuando parecía mirar de reojo uno de los conflictos centrales de la política bonaerense de estos días, el bloque de diputados massistas tuvo una un brote de creatividad y desempolvó una idea plasmada en la reforma constitucional de 1994.
Fue a través de un proyecto de ley presentado por el diputado y pre candidato a gobernador Jorge D’nofrio, que propone poner en marcha el tribunal arbitral establecido por el artículo 93 de la carta magna provincial.
En defensa de la educación en particular y el empleo público en general
Para que el Gobierno de turno No se enamore de los conflictos
Tribunal Arbitral Independiente una herramienta para dar solución a los Conflictos @SergioMassa @RubenEslaiman @Ramir_Gutierrez #HayAlternativa pic.twitter.com/WLZLN4sBwv— Jorge D´Onofrio (@donofriojorge) February 14, 2019
“No es posible que hoy lleguemos a niveles de confrontación tan altos entre empleados del Estado, docentes, y más adelante serán los del área de salud, judiciales, policías, entre otros, todos contra el Gobierno”, sostuvo el diputado.
La iniciativa massista propone que el Tribunal esté conformado por tres conjueces extraídos de la lista de la Corte Suprema, un abogado especialista en derecho laboral, y un representante académico con trayectoria.
El texto presenta varias similitudes con un proyecto presentado por el senador mandato cumplido del Frente Para la Victoria, Luciano Martini, que finalmente quedó frenado en la Cámara baja bonaerense.
En este entonces, era un proyecto fuertemente reclamado por los sindicatos docentes. Incluso, el propio Roberto Baradel fue uno de los que se entrevistó con los presidentes de todos los bloques de la legislatura para pedir su sanción.
La iniciativa de D’nofrio en su artículo 8 establece entre las facultades del Tribunal “solicitar informes, asesorar, recatar pruebas y solicitar a las partes que suspendan medidas de acción directa”.
Por otra parte, se detallan dos tipos de procedimientos: el de mediación y el de arbitraje. Este último, estará se dará si fracasa la instancia anterior y la decisión que adopte será de carácter vinculante y de carácter obligatorio.
