En las últimas horas, la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) abrió un nuevo frente contra la administración libertaria de Javier Milei, y le pidió a las autoridades del Gobierno nacional que active una serie de medidas urgentes para salvar la crítica situación de las obras sociales sindicales, que atraviesan un proceso de desfinanciamiento constante que afecta el acceso a las prestaciones médicas de más de 15 millones de personas.
Según la dirigencia cegetista, esa cantidad de afiliados a las obras sociales representa alrededor del 33,6% de la población en la Argentina, e incluye a los trabajadores en actividad representados por más de dos millones de monotributistas, 130 mil desempleados con derecho a prestaciones, y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico.
En tanto, desde la CGT destacaron que una de las claves del desfinanciamiento del sistema sindical de salud es que el Programa Médico Obligatorio, que son las prestaciones médicas mínimas a las que están obligadas las obras sociales y las prepagas, tiene un costo promedio mensual de 45 mil pesos mensuales por trabajador beneficiario, incluyendo a su grupo familiar.
Por caso, si se excluyen las prestaciones médicas por discapacidad que son solventadas por el Fondo Solidario que administra la Superintendencia de Salud de la Nación, el Programa Médico Obligatorio quedaría en un valor de 35 mil pesos mensuales por cada beneficiario aportante.
Sin embargo, las obras sociales sindicales están obligadas a brindar las mismas prestaciones a otros sectores que aportan al sistema mucho menos en forma mensual y agravan su déficit, que están diferenciados entre monotributistas, con 13.800 pesos, desempleados, con 14.000 pesos, y el personal doméstico, con 6.400 pesos.
Por eso, la CGT insistió en los últimos días ante el Gobierno de Milei para que desde el Ministerio de Salud instrumenten cuanto antes alguna medida para paliar la combinación de los distintos factores que agrava el desfinanciamiento de las obras sociales, y que afecta de manera directa a sus afiliados.
“Hay un contexto actual de crisis al que, producto de la caída de los salarios reales frente al aumento desmesurado de los costos de las prestaciones médicas y de los medicamentos, se le agrega el déficit provocado por los aportes insuficientes de monotributistas, personal doméstico y desempleados, que no alcanzan a cubrir el costo mensual promedio del programa médico”, destacaron desde la primera línea de la CGT.
En este contexto, desde la central obrera remarcaron que “esta realidad ubica en una situación de desigualdad a las obras sociales respecto de otros sistemas de salud”, y criticaron las diferentes autoridades gubernamentales del área de salud que hasta el momento no dieron respuestas que contribuyan a la equidad y el sostenimiento del sistema sanitario sindical.
“La situación descrita pone en evidencia que el acceso a la salud accesible y de calidad para los millones de trabajadores de la Argentina no es una de las prioridades del Gobierno nacional de Milei”, concluyeron desde la CGT, que aún aguardan una respuesta de Casa Rosada o el Ministerio de Salud.
Obras sociales: los detalles del informe de la CGT
En agosto pasado, la dirigencia cegetista le envió un informe al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, ex directivo de OSDE, y al gerente general del organismo, Claudio Stivelman, en el que figuraba el pedido de revisión del Programa Médico Obligatorio y otras medidas para evitar el colapso de las obras sociales sindicales.
En ese informe, figuraban las siguientes propuestas para trabajar junto con las autoridades de Salud:
- Reemplazar el Programa Médico Obligatorio actual por una canasta de servicios de emergencia (CSE).
- Adaptar la cuota del personal que se desempeña en el servicio doméstico, como así también la de los monotributistas.
- Ajustar el valor que reintegra el PAMI a los beneficiarios que reciben atención a través de las obras sociales nacionales al promedio por cápita que recibe el instituto.
- Que la atención de los monotributistas sociales esté a cargo de los efectores públicos de la jurisdicción donde residan. Los recursos que hoy transfieren a las obras sociales por la atención de estos beneficiarios disponerlos para financiar esta atención en los hospitales y centros de salud.
- Disponer que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por las carteras respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, que actualmente los financia. Este pedido surge debido al gasto elevado que requieren hoy las prestaciones por discapacidad, que representan un aproximado del 74% del total de lo recaudado por el fondo.
- Creación de un fondo para la cobertura de tecnologías de altos precios en el ámbito del Ministerio de Salud.
- Tratar el incremento indiscriminado de medicamentos de alto costo o los llamados catastróficos que afecta a toda la población beneficiaria de los agentes del seguro de salud.
