El agua volvió a tensar al interior bonaerense a partir del conflicto abierto por el servicio de obras sanitarias en Olavarría, donde una cooperativa histórica anunció la devolución de la concesión y encendió alertas sobre la continuidad del servicio. La situación no aparece como un hecho aislado, ya que en el partido de Villarino los reclamos vecinales por la falta de agua potable también se intensificaron en los últimos meses.
En primer lugar, la cooperativa Coopelectric anunció que iniciará el proceso para devolver al Municipio la concesión del servicio de agua y cloacas en Olavarría, al advertir que el esquema tarifario vigente no cubre los costos operativos. La decisión abrió una fuerte polémica política en una de las principales ciudades del centro bonaerense, donde el servicio hídrico alcanza a más de 100 mil habitantes.
El presidente de la cooperativa, Ignacio Aramburu, encabezó una conferencia de prensa junto al Consejo de Administración y apuntó contra el Concejo Deliberante por sostener durante años tarifas que calificó como “políticas”. Según expuso el titular de Coopelectric, este esquema generó un déficit mensual de entre 200 y 250 millones de pesos que volvió inviable la continuidad del servicio en el distrito que conduce el camporista Maximiliano Wesner.
“Con pesar tengo que informar que, en el día de la fecha, el Consejo de Administración tomó la decisión de no prestar más el servicio de Obras Sanitarias”, expresó Aramburu al inicio del anuncio, en el que además ratificó que la determinación responde a una necesidad económica y no se trata de una definición de carácter político.
Desde la cooperativa detallaron que la tarifa actual apenas alcanza para cubrir los salarios de los trabajadores del área y el consumo eléctrico de los pozos de bombeo. Las autoridades de la empresa local señalaron que el esquema no deja margen para tareas de mantenimiento, recambio de cañerías ni inversiones de largo plazo en la red.
Para dimensionar la situación, la conducción comparó el valor promedio del servicio con gastos cotidianos y precisó que una boleta residencial ronda los 10.500 pesos mensuales. Según precisaron los concesionarios del servicio, este monto equivale a dos atados de cigarrillos o seis botellas de agua mineral, mientras que un servicio de desagote con camión atmosférico cuesta entre 40 y 60 mil pesos.
Pese al impacto del anuncio, Coopelectric aclaró que no interrumpirá la prestación del servicio mientras se complete el procedimiento administrativo de devolución previsto en el contrato. La entidad estimó que ese proceso se extenderá como mínimo hasta después del verano por tratarse de un servicio público esencial.
Por su parte, desde el entorno de Wesner manifestaron sorpresa por la decisión y deslizaron que podría tratarse de una maniobra de presión para renegociar tarifas. En la misma jornada, fuentes locales señalaron que la cooperativa ingresó al Municipio un pedido de aumento del 107%, junto con la nota que informaba la devolución de la concesión.
Vale precisar que el servicio de obras sanitarias emplea a 32 trabajadores, por lo que la cooperativa olavarriense reclamó que se respeten sus derechos convencionales ante un eventual traspaso. Desde la gestión municipal, en cambio, consideraron que esa obligación solo aplica si el Municipio decide municipalizar el servicio y no alcanza a las indemnizaciones que corresponden al actual empleador.
Olavarría y Villarino, dos escenarios de un mismo conflicto por el agua
La tensión por el futuro del servicio de agua y cloacas en Olavarría, volvió a poner en el centro de la agenda un problema que se repite en distintos distritos del interior bonaerense. El anuncio de Coopelectric, expuso el impacto del atraso tarifario y la falta de obras estructurales sobre la prestación de servicios esenciales.
Este escenario se replica con mayor crudeza en el partido de Villarino, donde la crisis hídrica derivó en varios reclamos vecinales sostenidos. En la localidad de Médanos, los cortes y la baja presión se intensificaron durante los meses de mayor demanda, lo que reactivó las movilizaciones locales.
Ante ese cuadro, la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) reforzó el suministro local con perforaciones y camiones cisterna para garantizar la asistencia en la emergencia. Sin embargo, las autoridades locales advirtieron que esas medidas funcionan como parches frente a un sistema que quedó desfasado.
Por último, la obra estructural que permitiría resolver el problema de fondo, el acueducto Sauce Chico–Médanos, continúa sin plazos definidos pese a los anuncios oficiales de años anteriores. Por caso, la situación de Villarino se convirtió en caso testigo de una fragilidad más amplia en la provincia de Buenos Aires, donde la falta de inversiones de fondo mantiene abierto el conflicto por el acceso al agua potable.
