La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes un nuevo planteo del exintendente de Pilar, Nicolás Ducoté, para suspender el juicio oral en su contra por supuesta “malversación de caudales públicos”. A raíz de esta decisión, el expediente seguirá su curso a la espera de la sentencia.
El exjefe comunal del PRO es juzgado desde el 3 de agosto por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín junto a otros nueve acusados en la causa que investiga el presunto manejo irregular de fondos otorgados por Nación a la Municipalidad de Pilar para programas de microcréditos durante el período 2017-2019, es decir, en el gobierno de Mauricio Macri. Además, la acusación contempla una presunta violación de los deberes de funcionario público.
La defensa del exintendente había solicitado que el juicio fuera suspendido o postergado hasta que finalizaran una serie de pericias contables vinculadas con los microcréditos. No obstante, el planteo fue rechazado inicialmente por el tribunal oral y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación.
De esta manera, el tribunal en lo penal rechazó por “inoficioso” el planteo de los abogados de Ducoté. Los jueces argumentaron que el juicio ya había comenzado cuando la queja fue elevada. De esta manera, el TOF 1 de San Martín continuará este miércoles las audiencias del juicio bajo modalidad virtual.
La investigación que derivó en el juicio fue impulsada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. Los procesamientos fueron posteriormente confirmados por la Cámara Federal de San Martín, en el marco de la causa que analiza el destino de fondos nacionales transferidos al municipio de Pilar durante la gestión de Ducoté.
En rigor, la causa busca determinar si hubo irregularidades en la ejecución de tres convenios firmados por el municipio en 2016 con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Uno de ellos era para otorgar microcréditos a vecinos vulnerables con el objetivo de remodelar viviendas. Otro se destinó a urbanizar un asentamiento precario y el tercero a mejoras en redes cloacales e instalación de una planta depuradora. No obstante, las obras no se habrían concluido.
Según el procesamiento dictado 2021, los acusados habrían actuado de manera “coordinada y funcionalmente” para concretar actos jurídicos que “obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada”, con lo que se habría generado “en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.
