Tras la reciente eliminación del cepo cambiario y la implementación de una nueva fase del programa económico, el Gobierno nacional prepara para la próxima semana una serie de anuncios vinculados a reformas normativas tendientes a continuar con el achicamiento de organismos del Estado.
En ese sentido, el eje se posicionará en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien última la letra chica de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que contempla la eliminación de casi 20 organismos estatales y la transformación de 16 dependencias.
Según precisaron desde Casa Rosada, la medida destinada a fortalecer el superávit fiscal está siendo elaborada desde finales de 2024 y abarca a casi todas las áreas dependientes de los ocho ministerios nacionales, en los cuales se estudiaron cambios posibles y coordinaron todo el proceso normativo y legal.
En principio, las reformas regirán en las direccione que dependen de la Secretaría de Cultura de la Nación, que se fusionarán en uno solo a los fines de evitar la duplicación de áreas y centralizar las políticas de todos. Asimismo, los ministerios de Capital Humano, Economía y Salud son los que más modificaciones tendrán.
Según trascendió, otra reforma implicaría la publicación de un decreto que permitirá que buques extranjeros operen en el cabotaje nacional, eliminando de esta manera la exclusividad que hasta ahora tiene la Marina Mercante nacional.
Cabe destacar, que este accionar es posible para el gobierno de Javier Milei a partir de las facultades administrativas que son detalladas en la Ley Bases, sancionada a mediados del año pasado por el Congreso, cuyo artículo 3 permite la “modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” de organismos, a la vez que habilita la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica”.
Es preciso mencionar que, el Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró recientemente el cierre de varios organismos descentralizados y fideicomisos, como así también apoyó la eventual privatización de empresas estatales, tras el nuevo acuerdo por USD 20.000 millones.
Por otra parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó durante su informe de gestión en el Congreso que la gestión buscará darle prioridad a la reforma laboral en el Congreso y planea convocar a la CGT para negociar. “Vamos a intentar reunir los consensos”, expresó en la Cámara de Diputados.
Según explicó el funcionario, el proyecto contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir la participación estatal en los acuerdos entre privados. Incluso, en Balcarce 50 no descartan que incluya la eliminación de la homologación de paritarias por parte del Estado en el marco de negociaciones entre trabajadores y empresas.
El Gobierno autorizó la importación de maquinaria usada
Como anticipo de las medidas a futuro, el Gobierno nacional decretó esta semana la suspensión del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar bienes de capital usados, es decir, la eliminación de una exigencia que impide la importación de maquinaria y equipamiento usado.
En detalle, los importadores ya no deberán tramitar un permiso especial para ingresar bienes usados que están incluidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur. En esa lista, entre otros rubros, está la maquinaria industrial, motores, calderas, transformadores eléctricos, tractores y equipos agrícolas, generadores, embarcaciones, drones y aparatología médica.
Entre los repudios del sector manufacturero, la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que esta medida “constituye un riesgo para la seguridad de los trabajadores y calidad de los productos así como una competencia absolutamente desleal”. “El CIBU era una forma de evitar que Argentina reciba descartes”, puntualizaron.
