Un proyecto de ley para reconocer el derecho a toda persona mayor de edad que elija solicitar la interrupción voluntaria de su vida, y regular el procedimiento que debe seguirse, fue presentado en la Cámara de Senadores de la Nación.
La iniciativa, que fue firmada por los legisladores mendocinos de Juntos por el Cambio, Julio Cobos y Pamela Verasay, establece los mecanismos que permiten controlar y evaluar los procedimientos y las garantías para llevar adelante la eutanasia de seres humanos.
Cabe mencionar, que la eutanasia significa una acción médica que implica provocar la muerte, vía fármacos o tóxicos, a un paciente próximo a morir que la requiere. Esta busca terminar con los diversos dolores y padecimientos que de la agonía.
Según establece el proyecto, la interrupción voluntaria de la vida del paciente puede realizarse en dos modalidades: práctica eutanásica y muerte asistida, y “debe efectuarse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte del personal de la salud”.
En este sentido, la decisión de solicitar la práctica de muerte asistida debe ser una decisión autónoma “fundamentada en el conocimiento del paciente sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable”.
Con relación a esto, el proyecto contempla que “la historia clínica deberá quedar constancia que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente”.
Asimismo, el proyecto de ley sobre la regulación de la eutanasia aclara que la “única persona que puede practicar el procedimiento eutanásico o asistir a la muerte a un paciente, es un profesional de la medicina, que para los efectos de esta ley es el médico responsable”.
Para acceder a la práctica, los pacientes deben sufrir “una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, la cual debe ser certificada por el médico responsable.
En detalle, los pacientes deberán tener acceso a información clara y precisa sobre su proceso médico, incluida la de acceder a cuidados paliativos; deberán tener nacionalidad argentina o ser residente por un término no menor a doce meses; ser mayor de edad, y ser capaz al momento de la solicitud.
En este sentido, si el paciente “no pudiere fechar y firmar el documento, podrá hacer uso de otros medios que le permitan dejar constancia o bien otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia” y en la de un profesional de la salud.
En el caso de los profesionales de la salud directamente implicados en la práctica, el proyecto contempla que estos podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia, el cual deberán manifestarlo anticipadamente y por escrito.
Por lo pronto, el proyecto fue girado a las comisiones de Legislación General, Salud y de Justicia y Asuntos Penales, ya que incorpora dos artículos al Código: el que elimina la pena por ayuda al suicidio o eutanasia y reprime con prisión al médico o funcionario público que dilate injustificadamente una práctica.
Hasta la fecha, sólo siete países han legislado sobre la eutanasia: el primero fue Países Bajos. Le siguieron Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda y España. En Chile, la norma logró la media sanción este martes 20 en la Cámara de Diputados y va por su aprobación en el Senado.
