Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) y del PRO este jueves se sumaron a las críticas contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N°780/2024 del Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei, por restringir el acceso a la información pública.
“Los diputados nacionales del PRO rechazamos categóricamente el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley N°27.275 sobre Acceso a la Información Pública sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri”, expresaron desde la bancada de la escudería amarilla”.
En esa línea, los legisladores del PRO remarcaron que “esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública”.
“Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado”, señalaron los legisladores del partido de Mauricio Macri.
Es que, este martes, el gobierno de Milei anunció una modificación vía decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública (N°27275), que restringe los “datos privados” de los funcionarios y/o que puedan causar “daños y prejuicios” a las personas, normativas que están atadas a la interpretación.
Vale recordar que, la Ley de Acceso a la Información Pública establece el alcance irrestricto a estos datos para quien así lo requiera, por lo que la bancada PRO remarcó que “alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de la democracia”.
Por su parte, los legisladores radicales expresaron “la más alta preocupación y rechazó” al decreto de Milei, “que al reglamentar la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública pretende legislador por decreto incluyendo excepciones”.
“Dichas consideraciones de índole legislativa están estrictamente reservadas al Congreso de la Nación incurriendo entonces en una grave afección a la división de poderes y consecuentemente, una lesión al derecho humano de saber sobre las cuestiones públicas”, alegaron los diputados nacionales.
Por ello, la bancada del partido centenario solicitó al Ejecutivo nacional la derogación del decreto, “debido a la vulneración de los principios de libertad de expresión, transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas sobre los que se sostiene la ciudadanía democrática”.
Cabe destacar que, los cuestionamientos al DNU de Milei también repercutieron en bloque de Encuentro Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, quien pidió explicaciones a Francos y al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública sobre si era necesario y pertinente “instrumentar medidas” en ese sentido.
En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que el Gobierno nacional introdujo en la reglamentación de la Ley. “Implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”, criticaron.
Qué dice el decreto de Milei que restringe el acceso a la información pública
En concreto, el decreto de Milei tiene como principal antecedente la ocasión en la que su Gobierno se negó a aportar información sobre los gastos y mantenimiento de los perros del Presidente que viven en la Quinta de Olivos, al considerar que eran cuestiones vinculadas al “ámbito privado” del Presidente.
En esta línea, la reciente medida del Ejecutivo nacional establece límites tanto precisos como generales sobre qué se entiende por acceso a la información ya que, con la nueva normativa, el Gobierno puede negarse a compartir datos “especialmente cuando la solicitud pretenda ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
Por esta cuestión, Milei busca poder rechazar el pedido de acceso a la información cuando el conocimiento de esos datos pueda causar “daños y perjuicios” a las personas, haya “ausencia de interés público“, o se constituya en un “abuso del derecho”. También, restringe la difusión de “deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares” sobre un acto de Gobierno
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