El Gobierno nacional prorrogó por otros 180 días la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a cargo de Cristina Caamaño, a través del Decreto 832/2021, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur.
De esta manera, las autoridades extienden la vigencia de la intervención de la AFI fijada en el artículo 1° del Decreto N° 359/21, lo que constituye la cuarta prórroga desde diciembre del 2019.
En rigor, la normativa tiene lugar luego de que Alberto Fernández no logre que el Senado nacional trate el pliego de Cristina Caamaño como jefa de la AFI, pese a la mayoría que el Frente de Todos tuvo estos dos años y que perderá el 10 de diciembre.
El pliego de la actual interventora de la AFI llegó a la Cámara alta el 20 de junio de 2020 y quedó guardado en la Comisión de Acuerdos, presidida por la senadora Anabel Fernández Sagasti, cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En los considerandos de la norma se recuerda que al momento de la intervención de la AFI “se planteó la necesidad de robustecer la tarea llevada con organismos de derechos humanos y restantes dependencias del Estado Nacional, relacionada con la protección y sistematización de archivos históricos” vinculados “al rol de los organismos de inteligencia en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por parte del Estado”.
En este sentido, el decreto puntualiza que fue necesario “conocer la información obrante en poder de la ex Secretaría de Inteligencia (ahora AFI), cuyo conocimiento se hallaba vedado”.
“Se impone la tarea de afianzar los mecanismos institucionales y estructurales con los que se ha dotado a la AFI en el transcurso de la Intervención, sobre la base de los lineamientos establecidos en el citado Decreto N° 52/19 y en consonancia con los avances introducidos por la referida Ley N° 27.126″, agrega el decreto oficial.
Por tal motivo, la normativa considera que “resulta imperioso el desarrollo de acciones tendientes a la regularización del registro del estado patrimonial de los bienes asignados a la AFI como así también su modernización y mejora con el objeto de dotarla con la tecnología y los medios útiles para el desarrollo de las competencias asignadas”.
En tanto, el decreto consignó que se dota a la AFI “de los mecanismos de control patrimonial acordes con el principio de transparencia en el manejo de fondos públicos y con el principio de publicidad de los actos de gobierno”.
“En el mismo orden de ideas, corresponde consolidar el proceso de adecuación, sistematización y ordenamiento de las bases de datos del organismo destinado a dar pleno cumplimiento a la normativa vigente en la Administración Pública Nacional”, indicó el decreto.
De igual modo, la normativa destaca el desarrollo de “las acciones necesarias para la digitalización de los archivos existentes” a fin de “continuar de esta manera con el proceso dirigido a dar respuesta en tiempo oportuno al reclamo histórico de víctimas, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto de tener acceso efectivo a la información de la ex Secretaría de Inteligencia (ahora AFI)”.
