En las últimas horas, el juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, confirmó la recepción de un informe del ministerio de Seguridad sobre el protocolo antipiquetes y, en consecuencia, le pidió a su titular, Patricia Bullrich, que “adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por la Constitución nacional”.
En este sentido, el juez federal Sebastián Casanello confirmó la recepción del informe que le solicitó recientemente a la cartera dirigida por Bullrich para que detalle los “fundamentos jurídicos” sobre los que basó el armado del protocolo antipiquetes, y “si fueron consultadas” con la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
Es preciso mencionar que, el juez Casanello había pedido el informe en respuesta a la acción de inconstitucionalidad presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, el pasado 18 de diciembre, cuando aseguró que el protocolo antipiquetes que prohíbe que las calles y rutas sean cortadas durante protestas “amenaza derechos políticos”.
En respuesta al pedido de Casanello, desde el Ministerio de Seguridad enviaron un documento con escuetas explicaciones sobre los fundamentos y las normativas en las cuales enmarcaron el protocolo antipiquetes. “De su respuesta surge que no fueron consultados otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales”, indicó el juez.
En cuanto a la adecuación del protocolo antipiquetes a lo que respecta al cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, Casanello señaló que la cartera dirigida por la ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio “hizo una genérica invocación de instrumentos y documentos”.
Frente a este escenario, el juez competente indicó que “están dadas las condiciones para dictar una medida de naturaleza cautelar y tutelar que actúe como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales, aunque la decisión no tendrá, al menos de momento, el alcance pretendido en la demanda de declaración de inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes”.
En el documento, Casanello señaló además que “si bien del informe presentado a requerimiento del tribunal pareciera derivarse un conocimiento de la existencia y la preeminencia de algunas reglas y principios, y del límite que se impone al ejercicio de la violencia, ello se agota en meras referencias genéricas desconectadas de los términos específicos incluidos en el acto administrativo cuestionado”.
Asimismo, el juez que trata la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes destacó que la “libre circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar, y particularmente, criticar, a las autoridades”. “Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro del sistema democrático. Al estar más cerca del nervio democrático de la Constitución merecen especial protección”, subrayó el juez.
Por las razones expuestas, Casanello le pidió al ministerio de Seguridad que “adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho” y que se “instruya a las fuerzas a que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de conformidad a lo establecido por las leyes procesales”.
Por último, Casanello convocó a la audiencia de habeas corpus para que comparezcan ante su juzgado un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, las accionantes y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, para el día 14 de febrero a las 11 horas.
