En las últimas horas, químicos bonaerenses nucleados en el Consejo Profesional de Químicos expresaron su preocupación por el hallazgo de un bloque de uranio empobrecido en una planta de reciclaje de Río Cuarto (Córdoba) y reclamaron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que refuercen los controles sobre la gestión de residuos peligrosos y materiales radiactivos.
El hecho ocurrió cuando trabajadores de una planta de reciclado detectaron entre los materiales ingresados un bloque identificado con la inscripción “uranio empobrecido“, situación que motivó un operativo preventivo con intervención de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear y fuerzas de seguridad. Según los primeros informes, el material se encontraba encapsulado y no representaría un riesgo inmediato para los trabajadores ni para la población.
Sin embargo, los químicos bonaerenses señalaron que el episodio constituyó una señal de alarma. El presidente de la institución, Carlos Colángelo, sostuvo que “cuando materiales radiactivos o residuos peligrosos terminan fuera de los circuitos de control establecidos, deja de tratarse de un hecho aislado para convertirse en una señal de alarma institucional”.
En la misma línea, el titular del organismo que nuclea a los químicos bonaerenses remarcó que “no se puede naturalizar que elementos que requieren trazabilidad absoluta aparezcan en una planta de reciclaje o desaparezcan de un establecimiento habilitado”, al recordar el fatídico hecho que derivó en la activación de una alerta nacional por la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137 en la ciudad de Rosario.
En este marco, desde la entidad que agrupa a los químicos bonaerenses explicaron que el uranio empobrecido es un material radiactivo de baja actividad, pero también un metal pesado químicamente tóxico, cuya manipulación, transporte y disposición final deben realizarse bajo estrictas condiciones de seguridad y conforme a los protocolos establecidos por la normativa nacional e internacional.
Por caso, Colángelo afirmó que “la protección de la salud pública y del ambiente no admite descuidos ni improvisaciones” y agregó que “los residuos peligrosos deben ser gestionados exclusivamente por operadores debidamente capacitados y matriculados, con procedimientos técnicamente validados y bajo una fiscalización efectiva”.
Por caso, el Consejo de Químicos bonaerenses recordó que la legislación argentina establece obligaciones específicas para la identificación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, y advirtió que esas normas constituyen herramientas fundamentales para prevenir accidentes y proteger tanto a la población como al ambiente.
En última instancia, el organismo exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a fortalecer los mecanismos de fiscalización, garantizar el cumplimiento efectivo de los protocolos vigentes y reforzar los sistemas de trazabilidad de residuos peligrosos y materiales radiactivos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
