Desde la Legislatura bonaerense, el bloque de diputados de Acuerdo Cívico UCR + GEN salió a presionar para que el Congreso de la Nación apruebe la nueva Ley de Financiamiento Universitario, que presentaron los correligionarios a nivel nacional a fines de mayo.
Es que, tras encabezar una reunión con rectores, gremios docentes y estudiantes, la comunidad educativa junto a la bancada de legisladores radicales ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo proyecto de financiamiento universitario, similar a la que el presidente Javier Milei vetó el año pasado.
La iniciativa busca garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas del país, fijando una meta de inversión educativa del 1,5% del Producto Interno Bruto (PBI) para 2031. Por lo que promete ser un punto de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, no solo por su impacto fiscal sino también por la sensibilidad social que las casas de altos estudios generan.
En ese contexto, diputados de la bancada Acuerdo Cívico – UCR +GEN salieron a reclamar desde el parlamento provincial por su aprobación. “Es fundamental reconocer el rol que cumple la educación en el camino al desarrollo, progreso y crecimiento de nuestra Argentina y, en puntual, reconocer el rol de la educación pública universitaria”, expresaron.
En efecto, la iniciativa promovida por el jefe de la bancada Acuerdo Cívico – UCR + GEN, Matías Civale, fue acompañada por sus compañeros Julio Pasqualin, Viviana Dirolli, Mesías Nazarena, Claudio Frangul, Natalia Dziakowski y Pablo Domenichini.
“El Estado Nacional debe adoptar todas las medidas necesarias que contribuyan a garantizar el ejercicio del derecho a una educación superior de calidad”, expresó Cívale en relación al nuevo proyecto de Financiamiento Universitario, que propone ampliar la inversión educativa progresivamente hasta llegar a 1,5% del Producto Interno Bruto (PBI) en 2031.
Además, el texto establece la creación de un Fondo para Carreras Estratégicas de manera anual de diez mil millones de pesos, actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país.
“La Constitución Nacional establece en su artículo 75 que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”, alegó en la iniciativa Civale, tras presionar para que sus pares a nivel nacional acompañen el proyecto.
Vale destacar que, la nueva ley de financiamiento universitario contó con el respaldo de una amplia representación opositora como referentes de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC), el Fit-U, los radicales de Democracia Siempre, por y hasta dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) como Julio Cobos.
Los detalles de la nueva ley de Financiamiento Universitario
El proyecto de financiamiento universitario tiene 12 artículos y busca garantizar por ley los fondos para el funcionamiento del sistema universitario para evitar que queden sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Además, establece con precisión los mecanismos de financiamiento y actualización presupuestaria.
Además, el texto propone calcular el financiamiento universitario en base a una proporción a los fondos nacionales coparticipables, que se transferiría mensualmente al programa de Desarrollo de la Educación Superior. Los mismos no impactarán sobre lo que reciben las provincias en materia de Aportes del Tesoro Nacional.
También, la iniciativa establece paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales atados a la inflación, y una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023.
En tanto, los gastos operativos de las casas de estudio se actualizarían automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se fijará una meta de inversión educativa equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2031, con subas progresivas a partir de 2026.
Por último, el texto contempla la creación de un fondo anual de $10.000 millones para carreras estratégicas, como aquellas vinculadas a la inteligencia artificial, la ampliación de becas estudiantiles y el fortalecimiento de la infraestructura, la investigación y los programas de bienestar.
