La Justicia federal convalidó el reclamo del intendente de Ramallo, Mauro Poletti, y ordenó al Gobierno nacional la reparación urgente del cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 51, en el ingreso a la ciudad. La resolución del Juzgado Federal N°1 de San Nicolás obliga a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a Corredores Viales S.A. a ejecutar las tareas de manera coordinada en un plazo máximo de tres meses.
La medida responde a una acción de amparo presentada por Poletti el pasado 23 de mayo, en la que advertía sobre el grave deterioro de la infraestructura vial y la falta de mantenimiento por parte de los organismos nacionales. En la presentación judicial, el jefe comunal apuntó contra la “reiterada omisión” en los deberes de mantenimiento y conservación de la traza, situación que derivó en un estado de intransitabilidad y riesgo para la vida de los usuarios.
“El nivel de siniestralidad aumentó muchísimo. Hay muchos accidentes graves que no se conocen porque no hay fallecidos, pero dejan a personas con secuelas irreversibles”, subrayó Poletti en el expediente. En ese sentido, cuestionó que el peaje en ese tramo se incrementó un 400% en el último año, sin que ello se haya reflejado en obras de mejora.
El fallo judicial marca un precedente importante para los municipios que reclaman obras paralizadas. Según se desprende de la resolución, la Justicia determinó que los mantenimientos deben comenzar en un plazo de diez días, con obligación de notificar al juzgado el inicio, y presentar informes mensuales sobre el avance hasta su finalización.
Además, se estableció que se deberá señalizar el estado del acceso, colocar carteles de advertencia, establecer limitaciones de velocidad, y realizar desvíos preventivos si fueran necesarios, con el objetivo de evitar accidentes y garantizar la seguridad vial.
El puente afectado, ubicado en uno de los accesos principales de Ramallo, fue motivo de reclamos constantes. “Nosotros lo hemos arreglado muchas veces con recursos municipales, cuando esa ruta tiene un peaje que hoy cuesta $1.300”, se quejó Poletti, quien remarcó que se trata de un punto de alto tránsito, incluso turístico.
El Intendente también señaló que la falta de respuesta del Estado nacional generó que el municipio tuviera que intervenir con maquinaria, insumos y personal propios, pese a no tener responsabilidad directa sobre la traza. “Los municipios estamos reclamando cosas tan básicas como que tapen los baches”, sintetizó.
Con esta resolución, la Justicia reconoció la responsabilidad de la DNV y Corredores Viales en el abandono del tramo, y ordenó la ejecución inmediata de las obras bajo control judicial. Se trata de una decisión que podría ser replicada en otros distritos con problemas similares.
Ramallo se une a una veintena de municipios y al Gobierno bonaerense
El caso de Ramallo se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno bonaerense y una veintena de intendentes, que en febrero presentaron una denuncia colectiva contra el Ejecutivo nacional por el “abandono de las rutas nacionales”. El escrito apuntó directamente contra la administración de Javier Milei por el desvío de fondos asignados por ley al mantenimiento y ampliación de la red vial.
Según consta en la denuncia, en 2024 la inversión de Vialidad Nacional en los tramos bonaerenses cayó un 85,9%, lo que derivó en la paralización de obras a lo largo de más de 4.000 kilómetros de rutas que atraviesan 57 municipios. Entre los firmantes figuran los jefes comunales de Escobar, Luján, Exaltación de la Cruz, Mercedes, Cañuelas, Bragado, Azul, Bolívar, entre otros.
El planteo judicial también reclamó información sobre el destino de fondos multimillonarios, como los $200.000 millones recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles y el billón de pesos surgido del Impuesto PAIS, que debían haber sido depositados en un fideicomiso específico para financiar infraestructura vial.
“Queremos saber qué hicieron con la plata, porque tenía un destino concreto”, sostuvo el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y agregó que el estado de abandono de las rutas “es peligroso” y representa un riesgo real para las familias que transitan por el interior de la provincia. “Milei es el único presidente en 40 años que no hizo ni un solo kilómetro de ruta”, cuestionó el funcionario.
