En medio del conflicto que abrió ayer el Gobierno nacional de Javier Milei con la eliminación del régimen de compensaciones para pasajes gratuitos de larga distancia, la diputada de Fuerza Patria, Margarita Recalde, presentó un proyecto para eximir del pago de Ingresos Brutos al transporte automotor de personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que busca incorporar esa actividad dentro de las exenciones previstas en el Código Fiscal bonaerense.
Es preciso mencionar que, el proyecto de la legisladora de La Cámpora plantea que queden exceptuados del impuesto “los ingresos provenientes exclusivamente de la prestación del servicio de transporte automotor de personas con discapacidad”, con el objetivo de aliviar la situación económica que atraviesa el sector.
En los fundamentos del proyecto que ingresó a la Legislatura bonaerense, Recalde sostuvo que este tipo de transporte automotor es una actividad “de suma importancia” que se encuentra amparada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la ley nacional 24.901, que reconoce el derecho de los sujetos a trasladarse.
En tanto, la diputada bonaerense advirtió que actualmente los transportistas de personas con discapacidad “se encuentran desamparados por la ley” en la provincia de Buenos Aires, debido a que la actividad no cuenta con un marco jurídico específico en el territorio, lo que genera una situación de vulnerabilidad tanto para los trabajadores del sector como para quienes necesitan el servicio.
“Esta actividad se realiza con una fuerte vocación de servicio y genera vínculos de confianza con las familias y las personas transportadas, ya que quienes trabajan en el sector se encargan de los traslados a terapias, tratamientos, centros educativos, talleres protegidos y hogares, entre otros destinos”, enfatizó Recalde en el escrito que ingresó a la Cámara baja bonaerense.
Por caso, la iniciativa de Recalde también pone el foco en el rol social que cumple el transporte de personas con discapacidad, al enfatizar que es una actividad de “suma importancia” que contribuye a derribar las barreras sociales impuestas al colectivo, por lo que consideró que tanto el Estado nacional como el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires tienen la obligación de impulsar políticas públicas para favorecer la inclusión.
Otro de los ejes centrales del proyecto es la situación económica que atraviesa el sector de discapacidad desde 2024. En los fundamentos, la diputada de Fuerza Patria aseguró que las personas con discapacidad y sus asistentes se encuentran “en estado de emergencia” debido al ajuste presupuestario llevado adelante por el Gobierno nacional, la estigmatización constante y la aplicación de diversas medidas administrativas y políticas.
“El transporte de personas con discapacidad es una actividad económica, pero fundamentalmente una actividad que cumple un rol profundamente social. Es una actividad sumamente necesaria para quienes la utilizan, y quienes la llevan adelante son trabajadoras y trabajadores que actualmente desarrollan sus tareas en un estado crítico, sin poder solventar los costos básicos para sostener el servicio”, remarcó la legisladora.
En esa línea, la diputada bonaerense de La Cámpora argumentó que la exención del impuesto a los Ingresos Brutos para los transportistas de personas con discapacidad “contribuye al fomento y apoyo de esta actividad”, y consideró que la medida permitiría sostener un servicio que resulta esencial para miles de bonaerenses y argentinos de todo el país.
“Es por este motivo que solicito a mis pares que, con la convicción de que los derechos de las personas con discapacidad deben ser protegidos desde todas las aristas posibles, acompañen esta iniciativa con su voto positivo”, concluyó la legisladora del peronismo, que desafía la agenda impuesta por la administración de Milei.
El Gobierno nacional eliminó los subsidios a los pasajes de larga distancia
Es preciso recordar que, este martes a primera hora, el Gobierno nacional oficializó la eliminación del sistema de subsidios que compensaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños y adolescentes con cáncer, aunque las compañías deberán garantizar los boletos sin cargo previstos por ley.
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Transporte mediante la resolución 28/2026, que deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas que regía para las empresas alcanzadas por la ley 22.431, que instituye el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, la ley 26.928, que creó el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas, y y la norma 27.674, que institucionalizó el Régimen de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer.
De esta manera, el Ejecutivo nacional eliminó un esquema que regía en todo el país desde el 2018, a través del cual el Estado cubría parcialmente el costo de los pasajes de larga distancia gratuitos que debían otorgar las compañías de transporte automotor interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas.
Sin embargo, la resolución efectuada por el Gobierno esta mañana, que lleva la firma del secretario coordinador de Infraestructura, Mariano Plencovich, aclara que la decisión no modifica el derecho de los usuarios a acceder a boletos sin cargo, por lo que las empresas continuarán obligadas a entregar pasajes de larga distancia gratuitos a las personas incluidas en el régimen.
