Los diputados bonaerenses del PRO y de La Libertad Avanza integrantes de la comisión de Servicios Públicos elevaron un dictamen de rechazo en minoría al proyecto impulsado por La Cámpora para que cualquier intento de privatización de una empresa con participación estatal necesite el aval de los dos tercios de los votos en ambas Cámaras de la Legislatura.
La iniciativa avanzó en comisión este jueves por mayoría, pero generó cuestionamientos por parte de las diputadas Paula Bustos (PRO), Oriana Colugnatti (LLA) y Rita Salaberry (LLA), quienes calificaron el texto como un “obstáculo para avanzar en políticas de racionalización del sector público”.
En el dictamen de rechazo al que tuvo acceso Diputados Bonaerenses, los legisladores opositores argumentaron que el proyecto merece ser rechazado “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”, puesto que procura reforzar la permanencia del Estado en actividades empresariales que no constituyen funciones esenciales de la administración pública.
“En lugar de favorecer una administración más eficiente, concentrada en las funciones propias e indelegables del Estado, el proyecto introduce un obstáculo adicional para avanzar en políticas de racionalización del sector público, apertura a la iniciativa privada y reducción del intervencionismo estatal”, fundamentaron los diputados opositores en la comisión de Servicios Públicos.
En detalle, la iniciativa impulsada por la diputada oficialista Maite Alvado plantea que la privatización de una empresa que cuente con participación estatal o sea de propiedad del Estado, como es el caso de ABSA y AUBASA, solo podrá efectuarse si dos tercios de ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense dan su aprobación.
Desde el PRO y La Libertad Avanza calificaron este punto como “un serio reparo de constitucionalidad”, al afirmar que la Carta Magna provincial establece como regla general que las leyes se sancionan por mayoría simple, “reservando las mayorías especiales únicamente para aquellos supuestos que ella prevé de manera expresa”.
“Una ley ordinaria no puede alterar el régimen constitucional de formación de la voluntad legislativa. Las mayorías calificadas son de interpretación estricta y solo pueden tener origen en una norma de jerarquía constitucional”, puntualiza el dictamen de minoría.
En este escenario, las legisladoras opositoras indicaron que, si el proyecto de La Cámpora se transforma en ley, podría implicar que una futura composición legislativa modifique o derogue esa exigencia mediante otra ley aprobada por mayoría simple. “Eso evidencia la ineficacia jurídica del mecanismo propuesto”, alertaron.
De qué trata el proyecto de La Cámpora para blindar a las empresas bonaerenses
La comisión de Servicios Públicos presidida por el diputado de Fuerza Patria, Ariel Archanco, emitió este jueves un despacho favorable al proyecto de la legisladora camporista, Maite Alvado. Si bien la votación no fue unánime, la iniciativa tuvo el acompañamiento de los representantes opositoras de Nuevos Aires, Unión y Libertad, UCR-Unión Cívica Radical y HECHOS.
En rigor, el texto que fue girado a la comisión de Legislación General, establece que la privatización de una empresa que cuente con la participación o directamente sea sociedad con participación mayoritaria del Estado, solo podrá efectuarse si dos tercios de ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense dan el visto bueno.
“La participación o propiedad por parte de la provincia de Buenos Aires en empresas sólo podrá ser reducida por la Legislatura con el voto de dos terceras partes, al menos, de la totalidad de sus miembros”, puntualiza el articulado del texto parlamentario de Alvado.
Es preciso mencionar que, la única normativa que refiere hoy a posibles privatizaciones en empresas estatales provinciales es la Ley 12.989, que reglamenta a Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), la cual establece que la transferencia al sector privado de cualquier porcentaje accionario “deberá contar, previamente, con la autorización de la Legislatura”, es decir, contar con mayoría simple.
A trevés de su iniciativa, la diputada por la Sexta sección electoral apunta a evitar las privatizaciones de empresas estatales bonaerenses ante un eventual cambio de gobierno en 2027. “Los servicios y la producción de bienes estratégicos en manos de privados, en el pasado, plantearon numerosos conflictos”, añadió.
