El presidente Alberto Fernández aceptó anoche la renuncia del embajador en Israel, Sergio Urribarri, quien había puesto a disposición su dimisión después de que se conociera la decisión de un tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos de condenarlo a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio oral y público por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.
Urribarri, exgobernador de la provincia de Entre Ríos, expresó desde sus redes sociales que el fallo de primera instancia de ayer en la causa por desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015 es una “clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de derecho”, por lo que anticipó que apelará con la “convicción de que me asiste la razón”, manifestó.
En el mismo mensaje, el ahora ex embajador anunció que puso a disposición del Presidente la renuncia a su cargo en Israel, la cual fue rápidamente aceptada por Alberto Fernández.
Los jueces de la causa, José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón consideraron que “con pleno conocimiento” se “echó mano a fondos” provinciales para un “interés netamente particular”, en referencia a una “campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente” en las elecciones de 2015.
Los magistrados también indicaron en su fallo, en el que condenaron a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua a Urribarri, que hubo “retornos” por parte de los empresarios contratados, quienes también fueron condenados.
La causa contra Urribarri por desvío de fondos
La audiencia de más de 12 horas se desarrolló desde las 8:30 horas de ayer en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, en Paraná, pero Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, participaron de manera virtual.
Desde el pasado 27 de septiembre del 2021, se presentaron más de 70 testigos y numerosas pruebas dentro de cinco legajos de tres causas abiertas con la acusación de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Si bien eran tres causas, los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes porque todos se basaban en la “utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial” de Urribarri en 2015.
Además de Urribarri y Báez, en la causa por desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015, estaban acusadas otras 11 personas entre familiares, empresarios y exfuncionarios de su gestión.
Causa por desvío de fondos: la defensa de Urribarri
Los fiscales de la causa consideraron que se trató de un “direccionamiento de publicidad estática en favor de empresas cercanas a Urribarri“, y donde los empresarios aceptaban las contrataciones pero debían “retornar parte del dinero”.
Por su parte, los abogados defensores de Urribarri y los imputados por corrupción, alegaron que la investigación del desvío de fondos y todo el juicio se trató de una “persecución político judicial”.
“¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron?”, preguntó Urribarri en los alegatos de clausura, y destacó las “embestidas de periodistas obsesionados conmigo y mi familia” previas y durante el juicio por desvío de fondos.
Además, el exgobernador de Entre Ríos aseguró que se llegó a juicio “a fuerza de arbitrariedades, atropellos y violaciones a las garantías constitucionales y con fuerte presión mediática” y sin “racionalidad ni objetividad”.
De hecho, Urribarri señaló que “la propia fiscalía reconoció que no tenían pruebas ni testigos y el tribunal hizo caso omiso, y ninguna, absolutamente ninguna, de las pruebas ofrecidas por cada una de las defensas fueron tenidas en cuenta”.
“Nunca se vio semejante aberración jurídica. Estamos ante una nueva entrega de arbitrariedades y atropellos, que no es sino la lógica a la que hemos estado sometidos en estos seis años”, destacó el principal acusado por en la causa por corrupción en Entre Ríos.
En ese sentido, Urribarri aseguró que continúa siendo víctima de “ensañamiento e injusticias”, y sostuvo que el fallo que lo condena a 8 años de prisión es “el relato de fiscalía construido en base a creencias y prejuicios”.
Finalmente, el ahora ex embajador de Israel remarcó que “solo es cuestión de tiempo y de jueces que fallen con objetividad” para demostrar “de forma contundente” su inocencia en la causa por corrupción durante su mandato como gobernador de Entre Ríos.
Causa por el desvío de fondos: las condenas
Los jueces decidieron condenar a 8 años de prisión efectiva a Urribarri más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 180.000 pesos por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Pedro Báez, en tanto, fue condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de 90.000 pesos por peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles. Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial, recibió la misma condena
En tanto, Gustavo Tamay, empleado provincial, Gerardo Caruso, empresario, y Corina Cargnel, contadora de una de las empresas, recibieron la condena de tres años de prisión condicional y una multa de $90.000.
Si bien la fiscalía había solicitado 8 años de prisión para Cargnel, los jueces tuvieron en cuenta que “manejaba todo, pero hacía su tarea de contadora y no era funcionaria”.
A su vez, Emiliano Giacopuzzi recibió la condena de dos años de prisión condicional, al igual que Luciana Almada; mientras que el empresario Germán Buffa fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional.
Por otro lado, Maximiliano Cena, Alejandro Almada, ambos considerados testaferros,, Hugo Céspedes, fallecido durante el juicio, Gustavo Tórtul, y el exministro de Turismo provincial Hugo Marsó, fueron absueltos.
