Rosatti presiona al Consejo de la Magistratura por la aplicación de la Ley Micaela

Rosatti puso un ultimátum al organismo para que se aplique la Ley Micaela y capaciten a los funcionarios.

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Este lunes, el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, presionó al organismo para que se aplique la Ley Micaela, que consta de la capacitación obligatoria destinada a que todos los funcionarios y empleados públicos tengan formación en perspectiva de género en el desempeño de sus tareas.

Es preciso mencionar que, dentro de poco, la Ley Micaela N° 27.499 cumplirá cuatro años de su sanción, tiempo que Rosatti consideró que es más que suficiente para que el Consejo de la Magistratura ejecute las capacitaciones obligatorias de género.

De esta forma, el titular de la Corte Suprema de Justicia, estableció que el Consejo de la Magistratura deberá acreditar el cumplimiento con la capacitación, que tiene como marco la Ley Micaela, para antes del 1° de marzo de 2024.

Es preciso mencionar que, los funcionarios y empleados públicos que no cumplan con la capacitación obligatoria en perspectiva de género podrán ser sancionados y, tal como lo indica el artículo 8 de la Ley Micaela, podría hacerse pública su definición negativa.

De la misma manera, Rosatti indicó en la medida que, a partir de ahora, las personas que ingresen a trabajar al Consejo de la Magistratura deberán acreditar la capacitación que demanda la Ley Micaela en un plazo máximo de 60 días hábiles.

Además, el juez Rosatti señaló que “un considerable porcentaje del personal” ya realizó las capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela, pero que se debe verificar cuáles de los agentes del Consejo de la Magistratura recibieron la formación de género.

Vale destacar que, según el Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la Nación, la Ley Micaela “constituye una oportunidad para revisar y transformar las prácticas, funcionamientos y políticas del Estado desde una perspectiva de género y diversidad”.

Así, desde su creación, el Ministerio tiene entre sus misiones llevar adelante la implementación de la Ley Micaela, ya que se trata de “una política pública prioritaria y transversal con la que se busca conmover a quienes tienen lugares de mayor decisión por la función que ocupan”.

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