La diputada bonaerense del bloque Unión y Libertad, Sabrina Sabat, presentó una iniciativa para crear un “Mapa Interactivo de Arsénico en Agua”, un sistema digital de acceso gratuito que permita monitorear de forma pública los niveles de contaminación en el agua destinada al consumo humano.
La libertaria dialoguista definió su propuesta como una herramienta orientada a transparentar la información sanitaria, frente a una temática que ya alentó otros planteos dentro de la Legislatura bonaerense. “La problemática de la presencia de arsénico en agua destinada a consumo humano es una crisis sanitaria silenciosa que afecta a vastas regiones de nuestro país y en particular en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Sabat en los fundamentos del expediente.
En ese marco, el texto parlamentario establece que el sistema tendrá por objetivo reunir, ordenar y difundir de manera actualizada la información sobre los niveles de arsénico, además de otros contaminantes presentes en el agua destinada a consumo.
La iniciativa detalla que la plataforma también deberá incluir un sistema de semaforización visual para facilitar la interpretación de los datos por parte de la ciudadanía. El esquema propuesto permitirá identificar rápidamente si los niveles de arsénico se encuentran dentro de parámetros seguros, en zona de advertencia o por encima de los límites aceptables.
Además, el proyecto establece que el mapa deberá precisar la ubicación geográfica de cada muestra, diferenciando entre agua de red o “de pozo”, junto con la fecha de medición y la entidad responsable del análisis. De ese modo, la presentación de Sabat apunta a garantizar trazabilidad en la información, además de reforzar la transparencia en la gestión del recurso hídrico.
“Esta ley no solo busca generar una herramienta de prevención del acceso al agua potable, sino también transparentar una problemática de salud pública, empoderar a los ciudadanos y fortalecer el control social sobre las empresas prestadoras”, afirmó la diputada de la oposición.
En cuanto a la implementación, el texto prevé que el Ejecutivo designe una autoridad de aplicación encargada de diseñar y mantener actualizado el sistema. Entre sus funciones, el articulado incluye la centralización de datos provenientes de Aguas Bonaerenses S.A. y del Organismo de Control de Agua de Buenos Aires (OCABA), además de la validación técnica de las mediciones.
Asimismo, Sabat también habilita la posibilidad de celebrar convenios con instituciones académicas como el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), universidades nacionales y centros de investigación, con el objetivo de incorporar estudios independientes que aporten rigurosidad científica a la plataforma.
En paralelo, la iniciativa fija la obligación de que los prestadores del servicio de agua potable remitan periódicamente los resultados de los análisis de calidad, con parámetros comparables a los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la legislación vigente. De ese modo, el proyecto busca consolidar una base de datos unificada que permita evaluar la evolución del problema en distintas regiones de la provincia.
Cabe destacar que la propuesta se vincula con estudios recientes que detectaron niveles preocupantes de arsénico en distintas localidades bonaerenses, lo que encendió alertas sanitarias en varios distritos. De acuerdo a los fundamentos, millones de personas en Argentina consumen agua con concentraciones superiores a los valores recomendados, una situación que expone a la población a enfermedades como el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico.
Asimismo, el avance legislativo se da en un contexto donde distintos actores políticos comenzaron a exigir respuestas sobre la calidad del agua en la provincia de Buenos Aires. En agosto de 2025, el senador del bloque Hechos – UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial detalle los controles realizados además de las acciones previstas frente a los niveles detectados.
A su vez, el planteo del legislador de la oposición bonaerense, incluyó pedidos de precisiones sobre los análisis físico-químicos efectuados en los últimos años, junto con los planes de infraestructura destinados a reducir la presencia de arsénico en el suministro.
De este modo, la discusión legislativa comenzó a articular iniciativas que combinan control político con propuestas de gestión. En tanto, el planteo de Sabat busca posicionarse como una herramienta de acceso público que permita a los ciudadanos conocer la calidad del agua que consumen, a la vez que fortalece la planificación de políticas sanitarias.
