La Justicia federal investigará a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por presunta malversación de fondos públicos. La causa apunta a una transferencia de $14.000 millones que debían utilizarse en un plan de compra de alimentos y sobre cuyo destino todavía no existen precisiones.
El fiscal Franco Picardi imputó a Pettovello tras una denuncia presentada por el abogado Martínez Herrero. La investigación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien actualmente subroga el Juzgado Federal 12.
En este marco, el fiscal interviniente pidió una serie de medidas de prueba. Según consta en la denuncia, el pasado 8 de febrero de 2025, Pettovello firmó una resolución que ordenaba transferir $14.000 millones para el programa de compras de alimentos destinados a combatir el hambre.
Desde entonces, no se registraron avances en la ejecución del plan ni se informó el paradero de los fondos. “La ministra pidió el dinero y aún no se sabe dónde está ni en qué fue invertido”, señala al respecto la presentación judicial.
El expediente incluye acusaciones por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Justicia investiga si los fondos fueron girados a un programa de las Naciones Unidas destinado a adquirir alimentos no perecederos como arroz, fideos y leche en polvo.
En tanto, el avance de la investigación quedó ahora supeditado a las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Picardi, que incluyen pedidos de documentación oficial sobre el movimiento de los fondos y el estado actual del programa de asistencia alimentaria.
Puglelli apuntó contra Pettovello por el ajuste en discapacidad: “Ponen en riesgo derechos básicos”
El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Carlos Puglelli, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para rechazar las políticas de ajuste aplicadas por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, sobre las personas con discapacidad.
En ese sentido, Puglelli sostuvo que el desfinanciamiento impulsado por el Gobierno de Javier Milei provocó el cierre de decenas de centros especializados y la interrupción de servicios fundamentales en todo el país. Según explicó el legislador, la falta de actualización de aranceles y la paralización de pagos profundizaron la crisis en el sector.
En ese marco, la iniciativa denuncia un “abandono” hacia los usuarios y las instituciones vinculadas a la discapacidad, y advierte sobre la “profunda crisis” generada por la “ausencia de respuestas y medidas concretas” del Ministerio de Capital Humano.
El legislador bonaerense alertó que esta situación afecta a miles de personas que dependen de escuelas especiales, centros de día, hogares convivenciales y servicios de transporte para su inclusión social y el desarrollo de su vida cotidiana. Al mismo tiempo, Puglelli criticó el retorno al criterio de “invalidez laboral” para el otorgamiento de pensiones, al que calificó como “antiguo, discriminatorio y estigmatizante”.
Frente a este escenario, Puglelli exigió al Gobierno nacional la revisión urgente de su política hacia el sector y la restitución de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Asimismo, reclamó el restablecimiento del diálogo institucional y la eliminación de los criterios de exclusión para acceder a pensiones.
Finalmente, el texto legislativo presentado por el diputado massista contó con el respaldo de legisladores y referentes del sector. Además, se enmarca en un escenario de creciente movilización de organizaciones de familiares, profesionales y personas con discapacidad, que denuncian una situación de emergencia y reclaman una política pública inclusiva, federal y con perspectiva de derechos.
