En las últimas horas, el diputado nacional de Unión por la Patria, Sebastián Galmarini, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo de Javier Milei para conocer si se concretaron ventas de tierras rurales a extranjeros durante los diez días en que estuvo vigente la derogación de la Ley de Tierras, entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 2026.
En concreto, la iniciativa del legislador del Frente Renovador busca determinar qué operaciones se realizaron durante ese período, luego de que la Corte Suprema de Justicia primero dejara sin efecto una cautelar que frenaba la desregulación y, días después, suspendiera provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023.
El planteo del legislador apunta a esclarecer qué ocurrió durante esa “ventana” jurídica, en la que quedaron en discusión los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Así, Galmarini busca conocer si hubo operaciones que pudieron avanzar mientras los organismos de control evaluaban el alcance del primer fallo y antes de que el máximo tribunal dispusiera la suspensión interina de la derogación.
Cabe recordar que, la secuencia judicial comenzó el 29 de septiembre, cuando la Corte Suprema rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y revocó la cautelar que impedía aplicar la derogación de la Ley 26.737. En esa resolución, el tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación procesal para cuestionar la medida por una presunta afectación de la soberanía nacional, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del decreto.
El escenario cambió el 9 de octubre, cuando la Corte suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras. La nueva decisión se produjo en el marco de una causa impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares ante la Justicia Federal de Bariloche, con argumentos vinculados a la protección del ambiente, los derechos de las comunidades indígenas y el riesgo de daños irreparables sobre los recursos naturales.
La medida cautelar interina dejó nuevamente suspendida la derogación mientras la Justicia de origen debe resolver las cuestiones procesales pendientes y el planteo presentado. De esta manera, entre ambos fallos transcurrieron diez días en los que Galmarini busca determinar si se realizaron operaciones que aprovecharon la ausencia de las restricciones previstas en la legislación anterior.
En tanto, el pedido de informes apunta a conocer cuántas escrituras públicas se firmaron durante ese período, qué solicitudes de compra que estaban pendientes llegaron a concretarse y cuántas hectáreas quedaron en manos extranjeras. Además, el diputado de Unión por la Patria busca establecer qué intervención tuvieron el Registro Nacional de Tierras Rurales y los organismos de control, y si se modificaron los procedimientos para autorizar las operaciones.
Entre los puntos que pretende esclarecer, Galmarini también busca saber si el Registro Nacional de Tierras Rurales suspendió la recepción de trámites o si comunicó a los colegios de escribanos y a los registros de la propiedad que los certificados de habilitación dejaron de ser obligatorios durante esos días. La iniciativa procura determinar si existieron operaciones que avanzaron sin los controles que regían antes de la derogación.
Por caso, Galmarini también puso el foco en las zonas consideradas estratégicas por sus recursos naturales y su ubicación geográfica. Entre ellas mencionó los salares de la Puna, en Salta, Catamarca y Jujuy; el Sistema Acuífero Guaraní, en Corrientes y Misiones; los espejos de agua de la Patagonia andina y las franjas de seguridad de frontera.
De esta manera, el objetivo del planteo del legislador massista es que el Poder Ejecutivo de Milei brinde información sobre las operaciones realizadas durante ese período y permita conocer si hubo ventas concretas, qué superficies estuvieron involucradas y cuál fue la actuación de los organismos responsables de controlar la titularidad de las tierras rurales.
