Durante la sexta sesión ordinaria del año del Senado bonaerense con motivo a darle el visto bueno a un paquete de 19 pliegos girados por el Poder Ejecutivo, el Frente de Todos también logró aprobar un proyecto de ley que garantiza el acceso a una alimentación saludable con precios justos.
La ley de Precios Justos y Alimentación Saludable de autoría del senador Francisco ‘Paco’ Durañona busca darle la potestad a los gobiernos locales de la provincia de Buenos Aires de controlar el cumplimiento de los acuerdos establecidos de precios y la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores modificando la Ley 13.133.
De esta manera, el proyecto de ley promovido por Durañona pretende garantizar el acceso pleno de la población a los productos en las góndolas con precios justos y alimentos saludables, enmarcados en la Ley nacional N° 27.642 de alimentación saludable.
“Para asegurar esto, es necesaria la concurrencia y el fortalecimiento de los gobiernos locales, que son el ámbito más próximo a la ciudadanía, quienes mejor conocen las realidades de cada territorio y por ello tienen un papel central en el desarrollo armónico, económico y social, de nuestro país y nuestra provincia”, expresó el autor de la iniciativa.
En este sentido, el referente de Durañona aclaró que “las acciones que tomemos en este sentido serán realmente efectivas en la medida en la que lleguen a los lugares donde la gente vive y así mejoren su calidad de vida, con reglas claras y políticas públicas que equilibren las asimetrías velando por la salud de la población”.
“Un problema que afecta el acceso a los alimentos a precios justos es la concentración. Para revertirlo hay que fortalecer los comercios de cercanía y darle un rol protagónico a los gobiernos locales para que puedan garantizar los derechos de las y los vecinos”, agregó el senador del Movimiento Arraigo.
El proyecto de Precios Justos y Alimentación Saludable que consiguió la media sanción propone consolidar y fortalecer a las autoridades locales de aplicación y a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), incorporando que la autoridad de aplicación sea en cada municipio.
“El amparo de estos derechos de los y las consumidoras es parte del camino para asegurar el arraigo de las comunidades en nuestros territorios. Los municipios tienen facultades por leyes nacionales, provinciales, de Defensa al Consumidor y ahora proponemos el poder de garantizar el acceso pleno a los alimentos para que sean saludables y justos”, resaltó el senador Durañona.
Por último, el legislador sostuvo que con la iniciativa se están “regulando, reglamentando y dándole más eficiencia a esta novedosa legislación de finales de siglo XX y que debe desplegarse mucho más fuerte todavía en el siglo XXI”. “La cercanía es una de las grandes demandas, y tiene que ver con la autonomía brindando así una herramienta más”, concluyó.
