En el último día de sesiones extraordinarias, el Senado nacional convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno que modifica el régimen penal juvenil, que establece entre sus principales puntos nuevas medidas procesales y la baja de edad de imputabilidad desde los 16 hasta los 14 años.
Tras casi seis horas de debate, la iniciativa tuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. El oficialismo contó con el apoyo de las bancadas de la UCR, el PRO y parte de Provincias Unidas, mientras que Unión por la Patria y dos legisladores de Convicción Federal rechazaron el expediente.
“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Venimos a cambiar un sistema totalmente tutelar, sin claridad, donde la ley es un factor discrecional. Un país que olvida a sus víctimas termina perdiendo el sentido de la justicia y eso es lo que venimos a recuperar”, puntualizó la titular del bloque libertario en la Cámara alta nacional, Patricia Bullrich.
Por parte del peronismo, la senadora Lucía Corpacci calificó el proyecto como “una pantalla de distracción”. “Quieren acusar a los niños de la inseguridad del país. Las estadísticas dicen que solo el 0,45% del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley y tenemos el menor índice de delitos en toda América Latina”, consideró.
En detalle, la nueva ley establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 hasta los 18 años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito, el cual establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
De esta manera, la detención de los adolescentes de entre 14 y 18 años deberá hacerse efectiva en dependencias acondicionadas, puesto que se prohíbe los alojamientos junto a personas mayores de edad. Para afrontar el costo del nuevo régimen, Nación destinará una asignación de $23.700 millones.
En tanto, el nuevo régimen penal juvenil especifica penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel. En el artículo 12 se enumeran las penas que podrán imponerse al adolescente: amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime corresponder; prohibición de conducción de vehículos, si el delito imputado estuviese vinculado, entre otros.
Además, la iniciativa también prevé un esquema de sanciones alternativas a la privación de la libertad para delitos con penas menores a tres años. Para hechos con penas de entre tres y diez años que no hayan provocado la muerte o lesiones graves, el proyecto prioriza medidas con enfoque social y educativo.
Por último, el texto agrega la declaración de inimputabilidad del adolescente, lo que no implicaría en ningún caso la suspensión de la investigación judicial, que deberá continuar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas.
Milei celebró la sanción del nuevo régimen penal juvenil
Minutos después de la votación en el Senado nacional a favor de bajar la edad de imputabilidad, el gobierno a cargo de Javier Milei celebró “la sanción definitiva del proyecto al afirmar que “con esta ley, Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del Siglo XXI”.
“La baja de edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”, puntualiza el comunicado de la Oficina del Presidente.
“El que las hace, las paga. Fin”, celebró el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales. En tanto, desde la Jefatura de Gabinete puntualizaron que la nueva ley “deja atrás décadas de falta de respuestas para las víctimas y sus familias; se pone fin a la denominada ‘puerta giratoria’ y se fija un principio claro: delito de adulto, pena de adulto”.
