Este miércoles, el Senado sesionará a partir de las 14 horas en lo que será la primera reunión ordinaria del año, con el objetivo central de dar ingreso parlamentario a los pliegos del juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de la ex senadora Lucila Crexell, en una jornada que también incluirá el tratamiento de convenios internacionales y que forma parte de la estrategia del oficialismo para acelerar definiciones clave impulsadas por el presidente Javier Milei.
Es preciso mencionar que, la sesión fue acordada la semana pasada durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, en un contexto particular ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Nueva York, lo que derivó en la necesidad de ordenar la agenda legislativa con el acompañamiento de bloques dialoguistas.
En ese marco, el oficialismo de La Libertad Avanza buscará formalizar el ingreso de los dos pliegos para que puedan ser girados a la Comisión de Acuerdos, instancia en la que deberán obtener dictamen antes de ser debatidos en el recinto, al tiempo que también se prevé incluir nominaciones de seis militares y otros expedientes que ingresen hasta el momento de la sesión.
Uno de los casos más resonantes es el de Crexell, cuya designación como embajadora de la Argentina en Canadá generó controversia desde su origen, ya que su nombre había sido vinculado a un eventual nombramiento diplomático luego de que votara a favor de la Ley Bases en junio de 2024, situación que en su momento derivó en cuestionamientos políticos y que incluso demoró la decisión del Gobierno.
Sin embargo, el nuevo pliego que tratará el Senado esta tarde propone a la ex legisladora del Movimiento Popular Neuquino como embajadora plenipotenciaria tomará estado parlamentario con destino en Canadá, con las firmas del presidente Milei y el canciller Pablo Quirno, y deberá atravesar el proceso habitual de análisis en la Comisión de Acuerdos antes de su eventual aprobación en el recinto.
Por su parte, el pliego de Mahiques presenta una particularidad institucional, dado que el actual integrante de la Cámara Federal de Casación Penal cumplirá 75 años el 1 de noviembre, edad límite establecida por la Constitución Nacional para el ejercicio de funciones judiciales, aunque el oficialismo impulsa su continuidad por un período adicional de cinco años.
Es que, el magistrado cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en materia penal y se especializó en crimen organizado y terrorismo internacional, al tiempo que intervino en causas de alta relevancia como la investigación del atentado a la AMIA, en la que dictó sentencia durante 2024, lo que refuerza el interés del Gobierno nacional en sostener su permanencia en el cargo.
No obstante, existen antecedentes que complejizan este tipo de iniciativas, como el intento de la ex presidenta Cristina Kirchner de prolongar la permanencia de la jueza Ana María Figueroa, que finalmente no prosperó tras la intervención de la Corte Suprema, por lo que el tratamiento del pliego de Mahiques estará bajo la órbita de la Comisión de Acuerdos presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, quien deberá convocar a audiencia pública.
Finalmente, además de los pliegos, la sesión incluirá el tratamiento de dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria, junto con otro acuerdo suscripto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura en 2009, lo que completa una agenda que marca el inicio formal de la actividad legislativa en la Cámara alta.
El Senado convirtió en ley la el nuevo régimen penal juvenil
En el último día de sesiones extraordinarias del Congreso, y en la previa de la apertura del periodo ordinario encabezado por Milei, el Senado nacional convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que modificó el régimen penal juvenil, que establece entre sus principales puntos nuevas medidas procesales y la baja de edad de imputabilidad desde los 16 hasta los 14 años.
Tras casi seis horas de debate en el Senado, la iniciativa tuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. El oficialismo contó con el apoyo de las bancadas de la UCR, el PRO y parte de Provincias Unidas, mientras que Unión por la Patria y dos legisladores de Convicción Federal rechazaron el expediente.
“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Venimos a cambiar un sistema totalmente tutelar, sin claridad, donde la ley es un factor discrecional. Un país que olvida a sus víctimas termina perdiendo el sentido de la justicia y eso es lo que venimos a recuperar”, puntualizó la titular del bloque de senadores libertario, Patricia Bullrich.
En detalle, la nueva ley establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 hasta los 18 años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito, el cual establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
