A cinco años de la sanción de la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la senadora provincial de Fuerza Patria, Mónica Macha, reivindicó la conquista del aborto legal en un contexto de fuerte retroceso en su implementación por parte de la actual gestión nacional. El pronunciamiento de la legisladora coincidió con datos oficiales que muestran una interrupción total en la provisión de medicamentos por parte del Estado.
“Aborto legal, hoy y siempre. Cinco años después de la noche en que hicimos historia y transformamos el deseo en ley”, escribió Macha en sus redes sociales al cumplirse un nuevo aniversario de la aprobación parlamentaria en diciembre del 2020, luego del revés legislativo del 2018.
En el mismo mensaje, la legisladora bonaerense destacó el carácter colectivo de la conquista y remarcó su vigencia como un derecho adquirido, en un clima de creciente preocupación por el deterioro de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva. “Un derecho que logramos con mucha lucha, organización y que vamos a custodiar como guerreras que somos”, afirmó la referente provincial de Fuerza Patria.
En paralelo, los datos oficiales confirmaron un freno total en la provisión de medicamentos para garantizar la interrupción voluntaria y legal del embarazo durante la gestión del presidente Javier Milei. La falta de envíos de misoprostol y mifepristona comenzó tras el cambio de gestión nacional en 2023, y se prolongó hasta finales de este año, lo que impactó severamente en el escenario actual.
En ese sentido, las cifras mostraron un quiebre abrupto en la provisión de medicamentos, respecto de los años anteriores. Luego de las 70.293 entregas realizadas en 2022 y las 106.737 de 2023, el Estado nacional dejó de distribuir tratamientos, con una caída del 100% que obligó a las provincias a asumir compras propias para sostener la atención en hospitales públicos.
En cuanto al acceso, durante 2024 se registraron 79.186 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en todo el país, frente a las 107.505 contabilizadas en 2023. En ese marco, la provincia de Buenos Aires concentró 42.360 procedimientos y encabezó el ranking nacional, seguida por Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos encendieron alertas por el aumento de obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Según Amnistía Internacional, en el 2025 se triplicaron las denuncias por barreras de acceso a la IVE, con especial impacto en mujeres y personas gestantes, en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con este relevamiento, la suspensión de la compra y distribución de insumos por parte del Ministerio de Salud y la ausencia de campañas oficiales de información generaron un escenario de desinformación generalizada. Casi el 60% de las consultas recibidas por la organización se vinculó con la imposibilidad de saber dónde y cómo acceder a un aborto legal, en un contexto de costos inaccesibles para amplios sectores de la población.
Aborto legal: organizaciones denuncian costos elevados y prácticas disuasorias en el acceso
Durante el año 2024, organismos de derechos humanos relevaron múltiples situaciones en las que personas gestantes encontraron obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE-ILE). Entre las principales barreras, aparecen el costo de la medicación, falta de información oficial y derivaciones a espacios sin garantías sanitarias, con casos en los que la ausencia de insumos obligó a postergar la práctica.
Según un informe de Amnistía Internacional, uno de los obstáculos más frecuentes fue el precio del misoprostol cuando no estuvo disponible en el sistema público. En agosto de 2024, el valor de la medicación rondaba los 100.000 pesos, una cifra inaccesible para personas con ingresos informales o sin cobertura de salud.
Además, el relevamiento registró casos de derivaciones fallidas dentro del sistema de salud, en los que personas que se comunicaron con la línea 0800 de Salud Sexual fueron enviadas a centros sin equipos para garantizar la IVE o la ILE.
Por último, la investigación también advirtió sobre consejerías disuasorias y prácticas de hostigamiento en espacios presentados como “instancias de acompañamiento”. En estos ámbitos se documentaron presiones psicológicas, dilaciones injustificadas y difusión de información falsa, que derivaron en el abandono del circuito público por parte de muchas personas.
