El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes ante el Poder Ejecutivo para conocer en detalle el funcionamiento y los resultados de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial. La solicitud, que abarca el período 2020-2024, busca arrojar luz sobre la eficacia y la integridad del organismo encargado de supervisar la conducta de la Policía Bonaerense.
Este pedido se da en un contexto de extrema preocupación social por la creciente ola de violencia en la provincia, agravada tras el brutal asesinato de Kim Gómez, la niña de siete años que fue arrastrada y asesinada en La Plata por delincuentes con antecedentes. El crimen, que generó multitudinarias marchas, puso en el centro del debate el fracaso del gobierno de Axel Kicillof en garantizar la seguridad de los bonaerenses.
Desde el bloque de senadores libertario, a cargo de Carlos Curestis, denunciaron que la falta de información pública sobre las investigaciones sumariales administrativas (ISA) y las auditorías internas de Asuntos Internos genera opacidad en el sistema de control de la fuerza policial. Para los legisladores, la exigencia de transparencia es una necesidad urgente en una provincia donde la inseguridad alcanzó niveles alarmantes.
Los senadores violetas solicitaron datos precisos sobre la cantidad de investigaciones sumariales iniciadas en los últimos cuatro años, detallando los tipos de faltas disciplinarias investigadas y las resoluciones adoptadas. Además, La Libertad Avanza busca conocer cuántos agentes fueron desafectados del servicio, cuántas auditorías preventivas se realizaron y qué resultados arrojaron.
Otro de los puntos clave del pedido de informes es el acceso a información sobre investigaciones vinculadas a violencia de género dentro de la fuerza policial y casos de corrupción patrimonial. En el proyecto, también se solicita que se detalle cuántas denuncias recibidas en la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) y en el 911 han estado relacionadas con connivencia policial en la venta de estupefacientes y cuál fue su resolución.
A su vez, la solicitud dirigida a Asuntos Internos abarca la jerarquía y el escalafón de los efectivos policiales investigados, diferenciando el grado de responsabilidad en las faltas disciplinarias cometidas. Asimismo, se busca conocer cuántos agentes fueron indagados administrativamente con asistencia letrada privada o con apoyo de la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad.
Otro aspecto relevante que deberá responder el Ejecutivo provincial es si la Auditoría General de Asuntos Internos cuenta con un plan de gestión específico para prevenir hechos de corrupción, abusos funcionales graves o connivencia con el delito dentro de la Policía Bonaerense. Hasta el momento, este tipo de información no es de acceso público, lo que refuerza la necesidad de una rendición de cuentas efectiva.
Desde La Libertad Avanza sostienen que la falta de transparencia en la Auditoría de Asuntos Internos solo contribuye a agravar el problema y que este pedido de informes representa un primer paso para exigir respuestas concretas y recuperar la confianza de los habitantes en las instituciones de seguridad.
¿Qué es la Auditoría General de Asuntos Internos?
La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires es el organismo encargado de supervisar y controlar la conducta de los integrantes de la Policía Bonaerense. Su función principal es garantizar el cumplimiento de la normativa interna de la fuerza, investigando faltas disciplinarias, denuncias de corrupción, abuso de autoridad y cualquier conducta irregular que atente contra la transparencia y el correcto desempeño de los efectivos policiales.
Este organismo tiene la potestad de iniciar investigaciones sumariales administrativas (ISA), ordenar desafectaciones del servicio y aplicar sanciones disciplinarias, incluyendo cesantías y exoneraciones en los casos más graves. En teoría, la Auditoría debe actuar como un mecanismo de control independiente, asegurando que los agentes cumplan con su deber dentro del marco de la ley y velando por la integridad institucional de la policía.
