A través del decreto 892/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional de Javier Milei anunció que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dejarán de realizar controles de calidad sobre un nuevo conjunto de artículos importados que ya cuenten con certificaciones de seguridad emitidas en sus países de origen.
Según explicaron desde la administración libertaria, la normativa apunta a “evitar la duplicación de verificaciones técnicas”, y establece que los productos autorizados para su comercialización en países como Australia, Estados Unidos, los integrantes de la Unión Europea, Israel, Japón, el Reino Unido y los miembros de la EFTA podrán ingresar a la Argentina sin necesidad de cumplir con certificaciones locales adicionales, siempre que presenten avales de autoridades oficiales, entidades certificadoras reconocidas o laboratorios acreditados en origen.
En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que la decisión alcanza a productos médicos de bajo riesgo, identificados como clases I y II, entre ellos elementos como sillas de ruedas, además de todos los productos domisanitarios, es decir artículos de limpieza, desinfección y control de plagas, así como a productos industriales que ya se encuentren comprendidos en reglamentos técnicos internacionales.
Según señaló el funcionario en un posteo en redes sociales, el objetivo central de la medida es “agilizar la actividad comercial mediante la eliminación de barreras y restricciones estatales”, bajo la premisa de que menos trabas favorecen una mayor competencia y, en consecuencia, mejores precios para los consumidores finales en el mercado interno.
En el caso específico de los productos bajo la órbita de la ANMAT, el decreto flexibiliza los requisitos para la importación y comercialización de cosméticos, productos de higiene personal y oral, perfumes, domisanitarios como detergentes y desinfectantes, y dispositivos de diagnóstico in vitro que no requieran cadena de frío, siempre que cuenten con certificaciones válidas en los países de origen contemplados.
Por su parte, el Senasa dejará de controlar determinados fitosanitarios y productos veterinarios importados que acrediten haber sido certificados en sus mercados de procedencia, una modificación que busca reducir tiempos y costos administrativos sin alterar los estándares sanitarios exigidos por la normativa vigente.
En tanto, el Gobierno aclaró que los importadores deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que los productos ingresados no representan riesgos para la salud humana ni animal, manteniendo así la responsabilidad legal sobre la seguridad de las mercaderías que se incorporen al circuito comercial argentino.
Por caso, el decreto 892 también fija exclusiones precisas, ya que no quedan alcanzadas por esta flexibilización las armas, explosivos y sustancias químicas, las mercaderías usadas o reacondicionadas, los productos cuya comercialización esté prohibida en el país, los alimentos regulados por el Código Alimentario Argentino, ni los medicamentos, fertilizantes y bienes sujetos a regímenes especiales.
Al mismo tiempo, se mantendrán fuera de este esquema los productos sin procesamiento industrial, como semillas, frutas, ganado y carnes, que continúan regidos por los acuerdos sanitarios de la Organización Mundial del Comercio, de modo que el nuevo régimen se limita a artículos con certificaciones técnicas y de seguridad previamente reconocidas a nivel internacional.
Es preciso mencionar que, el decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de la cartera sanitaria, Mario Lugones.
