Los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados nacional continuarán con el reclamo para que el oficialismo convoque a una sesión especial para tratar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que otorgó $100 mil millones en gastos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y para discutir el proyecto que aumenta las partidas de universidades nacionales.
En ese sentido, los diputados de Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, solicitaron al titular de la Cámara baja, Martín Menem, la sesión especial para el próximo jueves 15 de agosto a las 10 horas, con el temario que no se trató la semana pasada, más el DNU que aumentó en más de 700% el presupuesto de la SIDE.
Por su parte, la bancada de Unión por la Patria en las últimas horas adelantó su predisposición para debatir el proyecto el jueves. De esta manera, el peronismo sumaría el rechazo de la primera minoría al DNU, que se sumará al de Coalición Federal, la Coalición Cívica y parte del radicalismo, lo que dejaría a la oposición cerca de los 129 votos necesarios.
Cabe destacar que, el presidente Javier Milei reglamentó el aumento de $100 mil millones para el “fortalecimiento” del sistema de Inteligencia. De esta manera, de un presupuesto de $16.000 millones (prorrogado de 2023), el área comandada por Sergio Neiffert, hombre de onfianza del asesor presidencial Santiago Caputo, pasará a disponer $136.000, un aumento de más del 770%.
En tanto, el oficialismo y sus aliados del PRO pidieron una sesión especial para el miércoles, pero con el mismo temario del 7 de agosto, es decir, con la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual y la regularización sobre el uso de armas de fuego, a la que se sumaría la declaración de la esencialidad educativa.
No obstante, el radicalismo convocó a una sesión especial para el miércoles, a las 14 horas, para tratar el tema del presupuesto universitario, el cual ya tiene cuatro despachos de comisiones. “Hay una crisis profunda por lo salarial que tendrá que ser abordada”, manifestaron los legisladores boina blancas.
Cabe destacar que, el dictamen de minoría firmado con 21 sellos de la UCR, Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela, propone actualizar el presupuesto universitario bajo el criterio de la inflación del año pasado medida por el INDEC.
Además, establece una modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.
“El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios, a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualizar la garantía salarial docente del sector”, señala, por su parte, el dictámen de Unión por la Patria.
Villarruel convocaría a una sesión especial en el Senado
La presidenta del Senado nacional, Victoria Villarruel, convocaría para el próximo jueves 15 de agosto a una sesión especial, en la que accedería a tratar el proyecto que incrementa las jubilaciones en un 8,1% y modifica la fórmula de movilidad.
En esa línea, la iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.
En ese sentido, el dictamen del 7 de agosto ratifica la media sanción de Diputados, contó con las firmas de los miembros de Unión por la Patria, más los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco (en disidencia parcial), y el santacruceño José María Carambia.
Por su parte, el despacho de minoría del oficialismo que también se debatiría en la sesión especial propone modificaciones a lo aprobado en la Cámara baja, tales como la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales).
