Esta semana, la senadora bonaerense de Hechos-UCR Identidad, Emilia Subiza, presentó un proyecto de ley para “prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en la provincia de Buenos Aires“, especialmente en las motos y los autos que circulan con escapes no autorizados o adulterados.
En rigor, la iniciativa de la oriunda de San Nicolás propone endurecer el marco normativo vigente al considerar “insuficientes” las multas actuales, y plantea nuevas herramientas de control, decomiso y hasta la compactación de vehículos en casos graves o reiterados.
En el escrito, Subiza señaló la necesidad de que el Estado controle la instalación y colocación tanto de tubos antirreglamentarios y libres como de dispositivos que incrementen la emisión sonora de moto vehículos y automotores. “La proliferación de escapes no autorizados o adulterados genera contaminación sonora en las localidades, afecta la salud psicofísica de la comunidad, altera la convivencia urbana y compromete la seguridad vial”, enfatizó.
En ese sentido, la propuesta legislativa de Subiza busca “sancionar y erradicar la utilización, fabricación, comercialización, instalación y circulación de sistemas de escapes no autorizados” en autos y motos, así como cualquier conducta que genere contaminación sonora en infracción a la normativa vigente. Entre sus finalidades, el legisladora nicoleña enumera la protección de la salud pública y del ambiente, la preservación de la tranquilidad urbana y la seguridad vial, y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización del Estado provincial y los municipios.
De esta manera, el texto ingresado al Senado bonaerense prohíbe circular en todo el territorio bonaerense con vehículos que posean escapes no autorizados, carezcan de silenciador reglamentario, tengan el sistema modificado respecto del homologado para circular, cuenten con silenciadores deteriorados o anulados, superen los límites sonoros permitidos o incorporen dispositivos destinados a amplificar detonaciones, explosiones o ruidos evitables. Además, la medida alcanza a maniobras intencionales como aceleraciones, “cortes” o explosiones que generen molestias a terceros.
Al mismo tiempo, la iniciativa de dirigente de Hechos extiende las prohibiciones respecto de los escapes no autorizados a la cadena comercial, con la incorporación de un artículo específico que impide la fabricación, ensamblado, oferta, exhibición, venta, distribución, instalación o colocación de sistemas de tubos no homologados conforme a la normativa nacional vigente, o que hayan sido modificados para superar los niveles permitidos de emisión sonora para uso en la vía pública.
“Aquellos comerciantes que infrinjan la ley, serán sancionados con una multa de entre 1.500 y 5.000 Unidades Fijas (actualmente una equivale a $1.896), el decomiso y disposición final del caño de escape antirreglamentario, la clausura preventiva o temporaria del establecimiento, la clausura definitiva en caso de reincidencia grave o reiterada, o la inhabilitación temporal para operar en el rubro”, señala Subiza en uno de los pasajes del proyecto de ley.
En tanto, para los conductores de motos o autos con escapes ruidosos, la norma ingresada por la senadora de San Nicolás contempla multas de 300 a 1.000 Unidades Fijas, la inhabilitación para conducir de tres meses a un año desde el momento de la realización de la falta, y la incautación y disposición final del vehículo, caño antirreglamentario y demás elementos en infracción.
Es preciso mencionar que, uno de los puntos más severos del expediente es la posibilidad de compactación del vehículo secuestrado. Según el articulado escrito por Subiza, el juez administrativo interviniente podrá disponer esa medida, incluso sin reincidencia, cuando se constate circulación con escapes no autorizados. El magistrado tendrá que evaluar criterios como la gravedad de la alteración, el nivel de emisión sonora, la intencionalidad de la conducta por parte del conductor, la afectación a la convivencia urbana o la seguridad vial, el lugar de comisión del delito y el comportamiento del infractor durante el control.
Asimismo, el proyecto crea un Registro Provincial de Comercios y Talleres Especializados en Sistemas de Escape para Competición, destinado a regular las excepciones para vehículos afectados exclusivamente a actividades deportivas o exhibiciones privadas. En esos casos, Subiza exige que los conductores acrediten el destino del artefacto, que no circulen por la vía pública salvo autorización legal expresa y que intervengan los tubos correspondientes en talleres habilitados.
En los fundamentos, Subiza sostiene que el actual esquema legal “se encuentra centrado en la circulación del vehículo, sin abordar de manera integral la cadena de fabricación, comercialización, distribución e instalación de sistemas de escape antirreglamentarios”, y advierte que “la proliferación de escapes no autorizados en la provincia de Buenos Aires genera contaminación sonora, afecta la salud psicofísica de la población, altera la convivencia urbana y compromete la seguridad vial de todos los bonaerenses”.
“La realidad indica que la sola aplicación de multas ha demostrado ser insuficiente para desalentar estas conductas, siendo necesario incorporar medidas de carácter real sobre los bienes involucrados. Por eso, resulta fundamental fortalecer el poder de policía del Estado provincial mediante la incorporación de sanciones eficaces, inmediatas y disuasivas, incluyendo el decomiso y la destrucción de los elementos en infracción, así como la disposición final de los vehículos utilizados como instrumento de la conducta ilícita” completa Subiza en el escrito.
Cabe señalar que, luego de que la senadora bonaerense de Hechos – UCR Identidad presentara el proyecto para frenar la instalación de escapes no autorizados en motos y autos que circulan en la provincia de Buenos Aires, el bloque de diputados bonaerenses homónimo replicó la iniciativa en la Cámara baja, con la idea de insistir en su tratamiento.
Legislatura bonaerense: la UCR también intentó prohibir los escapes no autorizados en motos
En tanto, la discusión por los ruidos molestos generados por motos con escapes no autorizados ya había llegado a la Legislatura bonaerense en marzo de 2023, cuando el diputado provincial de la UCR – Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, con el respaldo del bloque Juntos, presentó un proyecto para prohibir por ley la circulación de rodados que tuvieran incorporados escapes libres capaces de provocar explosiones o los denominados “cortes”.
Según explicó el legislador en ese entonces, la iniciativa buscaba “la reforma de dos normas que procuren, por un lado, el manejo seguro para sí mismo del conductor y los acompañantes, sin molestias a terceros respecto de la emisión de ruidos provenientes de escapes libres, y por el otro, ejercer un control sobre la venta de caños de escapes modificados”. En ese sentido, el texto también contemplaba multas para quienes comercializaran estos dispositivos.
En el texto, Miranda argumentó que “los ruidos molestos causados por este tipo de vehículos constituyen un gran perjuicio para la vida cotidiana de los bonaerenses, y esto afecta a los 135 municipios, siendo un problema muy notorio en el interior”. Además, el legislador sostuvo que distritos como Trenque Lauquen y Rivadavia ya habían avanzado durante ese verano con acciones específicas y normativas locales orientadas a limitar este tipo de maniobras, especialmente durante los fines de semana.
Con las normativas locales como antesala, el diputado oriundo de Trenque Lauquen puso el foco en el impacto sanitario y social del problema de los escapes no autorizados, al señalar que “hay sectores de la sociedad que sufren más que otros esta problemática como el caso de las personas con autismo, que perciben hasta 15 veces con mayor intensidad los sonidos, o las personas con cualquier tipo de enfermedad auditiva”. En esa línea, los fundamentos del escrito de Miranda hacía hincapié en que los ruidos urbanos vinculados a escapes libres son una de las principales causas de pérdida auditiva, trastornos del sueño y de la conducta.
